La nueva ley regional permite a ayuntamientos frenar plantas de biometano

Desde este viernes, entrará en vigor una modificación en la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, que otorga a los ayuntamientos la facultad de detener proyectos de plantas de biometano con los que no estén de acuerdo. La enmienda fue aprobada en las Cortes regionales el pasado jueves con el respaldo del PSOE y la oposición de PP y Vox. Esta normativa refuerza la participación local en decisiones ambientales, permitiendo a los consistorios evaluar proyectos en función de criterios sociales, económicos y ecológicos. La modificación estipula que, en casos donde el ayuntamiento sea el órgano sustantivo, debe aprobar un acuerdo plenario previo a remitir la documentación al órgano ambiental. Si el pleno no da su conformidad, el proyecto no continuará, salvo si se declara inversión estratégica por el Consejo de Gobierno. Además, el ayuntamiento debe emitir informes sobre compatibilidad urbanística y afecciones socioeconómicas, remitiéndolos al órgano ambiental. Cuando el ayuntamiento no sea el órgano sustantivo, se requiere su consulta y aprobación previa, certificada mediante acuerdo plenario. La normativa busca equilibrar el desarrollo de energías renovables con la protección del interés local. La medida responde a una tendencia de mayor control municipal en proyectos de impacto ambiental y energético, en un contexto político donde los partidos de izquierda buscan fortalecer la participación local, mientras que los grupos de derecha priorizan la gestión centralizada. La aprobación de esta ley se enmarca en el debate sobre la expansión de las energías renovables en Castilla-La Mancha, con incidencia en la planificación territorial y en la percepción social del cambio climático. La perspectiva futura apunta a un mayor control de los municipios en proyectos energéticos, con un posible impacto en la implantación de plantas de biometano y en la política ambiental de la comunidad.