Los últimos acontecimientos en la investigación del empresario Víctor de Aldama han conmocionado al sector empresarial y político. Hoy, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado una serie de registros coordinados a lo largo de diversas localidades españolas, incluyendo Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo, relacionados con la supuesta implicación de Aldama en un elaborado esquema de fraude en el sector de los hidrocarburos.

Según información verificada por Europa Press, los agentes de la UCO se desplazaron a una empresa en Calatayud, en la provincia de Zaragoza, que está estrechamente vinculada a un socio del empresario, identificado como Luis Alberto Escolano. Este individuo es conocido en el ámbito judicial por su supuesta conexión con el 'caso Koldo', que investiga irregularidades en la adjudicación de contratos durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

Los registros no se limitan a Calatayud, ya que las autoridades también están llevando a cabo operativos en la capital española, así como en otras ciudades como Sevilla y Toledo. Sin embargo, se ha mantenido en reserva si las acciones en estas localidades están igualmente relacionadas con la empresa de Escolano. Estos operativos forman parte de la misma causa en la que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, indaga diversos aspectos de un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.

Es importante señalar que la actividad de la UCO coincide con la comparecencia del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, donde se le interroga como investigado en el 'caso Koldo'. El juez Leopoldo Puente se centra en las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante el periodo crítico de la pandemia, que envolvieron la compra de material sanitario, generando serias sospechas sobre la transparencia de dichos procesos.

En octubre, el juez Pedraz decidió decretar prisión provisional para De Aldama y su socio Claudio Rivas, acusándolos de participar en un fraude monstruoso a la Hacienda Pública, que asciende a la escalofriante cifra de 182 millones de euros. Sin embargo, tras su declaración voluntaria en el 'caso Koldo', Aldama fue liberado, mientras que Rivas permanece bajo custodia en prisión, reflejando las complejidades de este oscuro entramado.

El núcleo de la investigación, que permanece bajo un riguroso secreto, apunta a De Aldama y Rivas como líderes de una organización criminal, con María Luisa Rivas actuando como subdirectora. Además, se están indagando las conexiones de otros cooperadores y testaferros que forman parte de los órganos de administración de las empresas suministradoras involucradas en este escandaloso caso.