Las comunidades energéticas en Castilla-La Mancha impulsan el ahorro y la participación ciudadana
Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 56 comunidades energéticas en desarrollo, dentro de un total de 837 en toda España. Estas iniciativas buscan reducir costes y promover la socialización de la energía mediante fórmulas asociativas que fomentan la participación ciudadana y la dinamización socioeconómica local.
El Gobierno regional ha promovido el crecimiento de estas comunidades, en línea con su apuesta por una transición energética basada en renovables. La región supera los 18.229 megavatios en generación renovable, con un 87% de su mix energético procedente de fuentes limpias, situándose por encima de la media nacional. Además, desde 2019, la potencia fotovoltaica instalada para autoconsumo ha crecido 14 veces, alcanzando los 945 megavatios y más de 55.000 instalaciones.
Este avance se ha logrado con un impulso de fondos europeos y ayudas públicas. La región ha movilizado 90 millones de euros para fomentar instalaciones de autoconsumo y ha otorgado más de 15.000 ayudas. La iniciativa también incluye acciones de divulgación, formación y asesoramiento gratuito para facilitar la creación y gestión de comunidades energéticas.
El contexto político en Castilla-La Mancha refleja un compromiso con la descarbonización y el desarrollo de energías renovables, en consonancia con las políticas nacionales de transición energética. La región busca consolidar su liderazgo en generación limpia y promover la participación de agentes locales en la gestión energética.
De cara al futuro, se prevé que las ayudas y programas de formación continúen estimulando el crecimiento de estas comunidades. La próxima convocatoria de ayudas de 10,6 millones de euros reforzará la cooperación entre administraciones y ciudadanos, consolidando un modelo energético más sostenible y socialmente participativo.
En un contexto de transición energética acelerada, Castilla-La Mancha apuesta por fortalecer su posición como referente en energías renovables, promoviendo una gestión participativa que beneficie tanto la economía local como la sostenibilidad ambiental.