Crónica Castilla-La Mancha.

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"Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban restricción en el uso de fondos de partidos políticos"

TOLEDO, 11 de diciembre. La mayoría del grupo socialista ha llevado a cabo una modificación importante en el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha. Este cambio se aprobó en el pleno del jueves, y busca que los fondos de los partidos políticos se utilicen exclusivamente para actividades relacionadas con la política en la región. La propuesta no fue bien recibida por Vox, que votó en contra, mientras que el Partido Popular optó por abstenerse.

La modificación, que afecta al artículo 29.7 del Reglamento, implica que los grupos parlamentarios tendrán la obligación de justificar cómo se emplean los recursos otorgados por sus partidos a través de convenios de colaboración. Esto significa que deberán demostrar que estos fondos se destinan solo a actividades políticas que se desarrollen en Castilla-La Mancha y al funcionamiento interno de los grupos parlamentarios.

Ángel Tomás Godoy, diputado del PSOE, expuso que esta reforma tiene como objetivo reforzar la justificación del uso de los fondos públicos. Según Godoy, el actual sistema ha permitido que algunos grupos, como Vox, utilicen el dinero destinado a Castilla-La Mancha para financiar actividades que nada tienen que ver con la región.

Godoy enfatizó que la nueva norma exige a los partidos hacer un informe detallado de cómo se gastan los fondos recibidos. "Nada podrá ser opaco", afirmó, subrayando la necesidad de que cada euro gastado esté justificado y sea completamente transparente. También destacó una clara prohibición para el uso de estos fondos en actividades que no sean de ámbito regional.

El diputado del PSOE advirtió que la experiencia demuestra que cuando las decisiones sobre la región se toman desde fuera, Castilla-La Mancha sufre las consecuencias. Criticó a Vox por enviar recursos públicos a su organización central, afirmando que esta reforma se presenta no como un ataque a ningún partido, sino como una defensa de la autonomía de la región.

Por su parte, Luis Blázquez, representante de Vox, rechazó la modificación señalando que carece de fundamento, al considerarla un intento de proteger a los "partidos del sistema" y un ajuste de cuentas con aquellos que no siguen su línea. Afirmó que la reforma es innecesaria ya que los procedimientos actuales sobre control y fiscalización son, a su juicio, suficientes.

Blázquez también mencionó que las cuentas de Vox habían sido aprobadas anteriormente y argumentó que las objeciones planteadas por el nuevo interventor carecían de fundamentos sólidos. En su intervención, destacó la arbitrariedad del proceso al señalar que algunas enmiendas presentadas por su grupo fueron inadmitidas sin justificación en el pleno.

Por otro lado, Santiago Serrano, del PP, cuestionó las intenciones del PSOE al presentar esta modificación y sugirió que su única finalidad era encubrir los escándalos de corrupción que afectan al partido. Afirmó que el PP siempre ha defendido el respeto a la ley y que no se alinearía con Vox ni con un control indebido por parte del Gobierno regional.

Serrano defendió la necesidad de abordar esta reforma teniendo en cuenta el marco jurídico existente y los límites de cada entidad, condenando la posibilidad de que las reformas invadan competencias que pertenece al Tribunal de Cuentas. Expresó que era prudente detener el trámite de esta modificación, ya que la urgencia que le quieren dar no refleja una situación apremiante para la región.

A pesar de sus reservas, el PP decidió abstenerse en la votación, indicando que no están dispuestos a obstruir el debate pero tampoco a apoyar una reforma que consideran apresurada y políticamente motivada. Serrano concluyó argumentando que, si el PSOE realmente valorara el respeto institucional, debería retirar esta medida y abordarla mediante los canales adecuados que se han discutido previamente a lo largo de la legislatura.

Antes de abordar el debate sobre la modificación, se aprobó la toma en consideración de la misma por 17 votos a favor de los socialistas y 14 en contra, así como su tramitación en lectura única, que también recibió la aprobación con la misma votación.