Más de 500 abogados de oficio en Castilla-La Mancha recibirán formación en violencia sexual
El Gobierno regional y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha suscribieron un acuerdo que permitirá a aproximadamente 538 abogados del turno de oficio acceder a formación especializada en violencia sexual en el próximo año. La iniciativa contempla 12 sesiones formativas dirigidas a profesionales en toda la comunidad, con una inversión de 66.500 euros financiada por la Junta.
Este convenio responde a la necesidad de actualizar conocimientos en un contexto de aumento de delitos sexuales en la región, donde en 2025 se registraron 729 delitos contra la libertad sexual, un incremento del 10,3 % respecto al año anterior. La tendencia apunta a perfiles cada vez más jóvenes entre los agresores y una mayor conciencia social que fomenta la denuncia, aunque aún son pocas las mujeres que acuden a la justicia.
La formación de los abogados del turno de oficio busca garantizar una atención adecuada y especializada a las víctimas, especialmente a aquellas con menos recursos. La iniciativa también refuerza la apuesta del Gobierno regional por fortalecer los recursos públicos en la lucha contra la violencia de género y sexual, en un contexto donde la protección de las víctimas requiere profesionales bien preparados.
Desde el Consejo de la Abogacía, su presidente ha solicitado aumentar el número de letrados sufragados por el Ministerio de Justicia en las provincias, especialmente en Torrijos, Illescas y Toledo, donde la carga de trabajo en casos de violencia de género es elevada y las necesidades aún no están completamente cubiertas. La situación refleja la creciente demanda de asistencia legal especializada en estos ámbitos.
El acuerdo se enmarca en un contexto político donde la protección de las víctimas de violencia sexual ha adquirido mayor relevancia en la agenda pública, impulsada por las políticas de igualdad y por la presión social. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá del compromiso presupuestario y de la coordinación entre administraciones y profesionales.
De cara al futuro, la formación y la dotación de recursos continuarán siendo claves para mejorar la respuesta jurídica y social ante estos delitos. La colaboración entre el Ejecutivo regional, el Consejo de la Abogacía y los órganos judiciales será esencial para adaptarse a la evolución de los perfiles delictivos y garantizar la protección efectiva de las víctimas.