Este martes, diversas instituciones de Castilla-La Mancha han firmado la renovación del Acuerdo de Coordinación Institucional y Aplicación de los Protocolos destinados a prevenir la violencia de género y brindar atención a las mujeres. El objetivo principal de este acuerdo es asegurar que no haya “ninguna brecha” por donde la violencia machista pueda infiltrarse, mejorando así la eficacia de las respuestas institucionales.

Entre los firmantes se encuentran la vicepresidenta del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Teresa Hermida; el presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos, Blas González; y el representante de la Federación de Municipios y Provincias, José Julián Gregorio. También estuvieron presentes el Fiscal Superior de la región, Emilio Manuel Fernández; la delegada del Gobierno, Milagros Tolón; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Pilar Astray; y el presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García-Page.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, enfatizó que este acuerdo, iniciado en 2009, establece un protocolo único para abordar de manera integral cualquier situación de violencia contra las mujeres. Este marco busca que todas las entidades involucradas conozcan las herramientas disponibles y trabajen de forma coordinada para ofrecer respuestas más efectivas a quienes busquen ayuda.

Para garantizar el seguimiento del acuerdo y la implementación de los procedimientos, se establecerán una Comisión Regional y cinco comisiones provinciales. “Aspiramos a que las intervenciones sean exhaustivas y específicas”, aseguró Simón, quien también destacó la necesidad de que la acción judicial se complemente con medidas de apoyo a las víctimas, como alternativas habitacionales y ayuda diversa para poner fin a la violencia.

La consejera subrayó que la firma de este acuerdo coincide con el 25 de noviembre, un día simbólico en la lucha contra la violencia machista. Simón hizo hincapié en que, ante la violencia y los discursos que intentan cuestionar la respuesta del Estado, es crucial mantener una postura unitaria y reforzar los recursos disponibles para ayudar a mujeres y niños afectados.

Por su parte, la presidenta del TSJCM, Pilar Astray, expresó que el acuerdo es una demostración del “compromiso actual y futuro” para mejorar la coordinación en la lucha contra la violencia de género. Según Astray, un enfoque integral y sostenido puede representar un “avanzo significativo” hacia la eliminación de este grave problema social.

“Hoy firmamos este pacto con una clara conciencia de que es solo el inicio; la clave estará en su aplicación diaria para la protección efectiva de las víctimas”, indicó Astray, quien también hizo hincapié en la relevancia de abordar la violencia digital y vicaria, así como la necesidad de proteger a los menores de edad que muchas veces son los “grandes olvidados” de esta problemática.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, destacó la importancia de este convenio y otros futuros, señalando un clima de creciente “discursos de violencia” en la política española. Afirmó que hay quienes se benefician de la perpetuación de una atmósfera negativa para obtener réditos políticos y subrayó la necesidad de eliminar este tipo de discursos de la esfera pública.

El presidente también se refirió al impacto de las redes sociales en la difusión de la violencia, así como al alto grado de agresividad en la pornografía accesible a las nuevas generaciones. García-Page subrayó que es necesario continuar trabajando en la legislación y adaptarse a las nuevas formas de violencia, como el acoso escolar.

En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha prepara la firma de un gran acuerdo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros actores involucrados para luchar contra el bullying en los colegios. La delegada del Gobierno resaltó la importancia de renovar el compromiso institucional para proteger a las mujeres y destacó que este acuerdo es esencial para avanzar de manera conjunta contra esta lacra social.

Según ha expuesto, en Castilla-La Mancha hay registradas actualmente 5.600 mujeres en el sistema de protección VioGén, respaldado por casi 40 ayuntamientos. Además, más de 30 entidades se han conectado a la Red de Puntos Violeta para facilitar información, prevención y actuación. La delegada recordó los esfuerzos del Gobierno central, que ha asignado más de 22 millones de euros a la comunidad para apoyar la lucha contra la violencia de género, reafirmando el compromiso de seguir avanzando sin retroceder en esta tarea vital.