Mozo exige renovación del CGPJ tras elecciones del 23J: "Anomalía constitucional y democrática".
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, ha criticado la "anomalía constitucional y democrática" de la no renovación de este órgano, que debió haber ocurrido hace cuatro años y medio. Él ha pedido que después de las elecciones, en cuanto se conformen las cámaras, se realice esta renovación para poner fin a una situación que ha causado perjuicios, como las vacantes en el Tribunal Supremo que aún no se han cubierto.
El presidente del CGPJ hizo estas declaraciones antes de la inauguración de un curso en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca sobre el funcionamiento anormal de la justicia, en el que se abordarán durante tres días temas como la responsabilidad patrimonial del Estado en estos casos.
Mozo recordó que los ciudadanos tienen derecho a reclamar indemnizaciones si consideran que han sido perjudicados por el sistema judicial, ya que el Estado es responsable de estos perjuicios contemplados en la Constitución. También destacó que los jueces son independientes, pero responsables y sometidos al imperio de la ley.
En este curso para jueces se ha hablado de casos como la prisión preventiva injusta de ciudadanos que finalmente fueron absueltos.
El curso se celebra en el marco de una huelga de jueces que está alterando el funcionamiento habitual del sistema. Mozo ha explicado que "existe un conflicto entre los derechos constitucionalmente consagrados: la tutela judicial efectiva y el derecho a huelga". Aunque no ha explicado hasta qué punto está afectando esta protesta, ha recordado que uno de los motivos por los que un ciudadano puede exigir indemnización al Estado es por las dilaciones indebidas.
En la inauguración del curso ha participado la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio. Ella ha señalado que en este órgano consultivo del Gobierno "estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración institucional", que permita responder de manera más ágil a los problemas ciudadanos. Valerio ha destacado que en 2022, de los 2.118 expedientes que se tramitaron en el Consejo de Estado, más de 1.200 correspondieron a cuestiones relacionadas con reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la administración, entre las que se incluyen algunas derivadas del funcionamiento anormal de la justicia.