TOLEDO, 27 de diciembre. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha presentado los pormenores de un nuevo decreto orientado a la gestión de purines en las explotaciones porcinas de Castilla-La Mancha. Esta normativa exigirá que los estercoleros implementen medidas más rigorosas en la administración de sus residuos, además de establecer una distancia mínima de 2.000 metros entre estos y los núcleos urbanos.

Dentro de las disposiciones del decreto, se ha decidido prohibir la aplicación directa de purines para su valorización agronómica, a menos que estos hayan pasado por un tratamiento previo. Esta regulación busca asegurar que los residuos sean manejados de manera responsable antes de ser utilizados en el campo.

El decreto entrará en vigencia este sábado, tras su correspondiente publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Hasta la fecha, a causa de la moratoria existente, 61 explotaciones han visto suspendidas sus operaciones a raíz de solicitudes pendientes.

El 2 de enero, el Gobierno regional se encargará de notificar a los ayuntamientos, empresarios y promotores sobre la nueva legislación, que afecta a un total de 1.258 explotaciones en la región, de las cuales 326 poseen la autorización ambiental integrada necesaria para operar.

La normativa vigente, que proviene de la ley 1/2022 del 14 de enero sobre medidas tributarias y administrativas, había mantenido una moratoria hasta finales de este año para la aceptación de nuevas solicitudes. Esta pausa se ha utilizado para reformar el sector porcino y actualizar los sistemas de tratamiento y separación de los residuos sólidos y líquidos.

El objetivo central de este nuevo decreto es abordar las incomodidades y prácticas inadecuadas que han afectado a diversas localidades de la región en los últimos años, ocasionando problemas de olores y contaminación del suelo.

En este periodo de transición, la consejera ha destacado la formación de un equipo técnico y científico que, en colaboración con organizaciones agrarias, grupos conservacionistas y plataformas vecinales, se ha dedicado al desarrollo del decreto. “Esta colaboración ha sido inestimable”, afirmó Gómez.

“Implementar esta normativa ha requerido un esfuerzo significativo, pero confiamos en que brindará transparencia y una adecuada valorización agronómica de los purines generados en nuestras explotaciones”, subrayó la consejera. Se prevén la inclusión de las mejores técnicas disponibles para optimizar este subproducto ganadero.

Las nuevas regulaciones establecen varias medidas técnicas, tales como la utilización de prensas centrífugas, digestión anaerobia y aerobia, compostaje y otros métodos innovadores ya consolidados en el mercado ganadero.

Además, hay normativas que regulan el transporte y la aplicación de purines en el campo, incluyendo la prohibición de su uso durante los meses de julio y agosto para mitigar la propagación de olores desagradables y especificaciones sobre los materiales de construcción de los estercoleros.

La consejera también indicó que la normativa contempla excepciones significativas, como en el caso de la ganadería extensiva o las explotaciones familiares, que tendrán un periodo de adaptación de cinco años. Las explotaciones intensivas con menos de 240 Unidades Ganaderas Múltiples (UGMs) se beneficiarán de un plazo de 10 años para ajustarse a la nueva ley.

Asimismo, aquellos establecimientos que ya cuentan con la autorización ambiental integrada y no se ajusten al nuevo marco normativo también dispondrán de un período de gracia.

Gómez aseguró que se proporcionarán ayudas desde la Consejería de Agricultura para "facilitar la incorporación de nuevas técnicas a los ganaderos”.

Otro aspecto destacado del decreto es la prohibición de la entrada de purines de otras comunidades autónomas a Castilla-La Mancha para su valorización, reforzando así el control sobre los residuos gestionados en la región.

El Gobierno regional ha subrayado que se encuentra en proceso de desarrollo de un plan de biometanización con visión a 2030, con el objetivo de ofrecer a los agricultores fertilizantes de calidad que aseguren el uso responsable de la materia orgánica y reduzcan la dependencia de fertilizantes minerales, los cuales contribuyen a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

Este proyecto busca gestionar las 15,7 millones de toneladas de residuos orgánicos generados anualmente en Castilla-La Mancha de manera responsable y sostenida.

La consejera ha señalado que se ha establecido un grupo que incluirá a representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, funcionarios de la Consejería de Agricultura y miembros de grupos conservacionistas, para vigilar que se cumplan los planes de producción y gestión de estiércol bajo las nuevas técnicas.

Además, Gómez ha mencionado que están ejecutando un proyecto de control y análisis destinado a la valorización del nitrógeno en el suelo de la región, al que se han destinado dos millones de euros para su desarrollo.

“Estamos enfocados en identificar las zonas vulnerables y afectadas por la contaminación de nitratos y en actualizar la información sobre la calidad del suelo en Castilla-La Mancha”, expresó la consejera.

El sector porcino representa el 18% del PIB regional y genera aproximadamente 33.000 empleos, con una producción de carne que alcanza las 400.000 toneladas, ocupando un 3,5% de la superficie agraria de la comunidad.

Para concluir, la consejera afirmó que la nueva normativa busca “garantizar a todos los ciudadanos que la gestión de purines se realiza con el tratamiento más adecuado, causando los menores impactos posibles en la población a través de las mejores prácticas disponibles”.