Page advierte sobre la gravedad de la denuncia interna en su partido ante el riesgo de delitos ecológicos.

TOLEDO, 31 de marzo.

El mandatario de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado que su administración ha dado luz verde a un recurso contencioso administrativo ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este paso busca exigir la implementación de nuevas normativas en la gestión del trasvase Tajo-Segura. García-Page ha expresado su descontento por tener que recurrir a la justicia para abordar lo que considera una situación grave, especialmente cuando implica a un Ejecutivo que pertenece al mismo partido político que él.

Durante su visita al Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral C-LM en Talavera de la Reina, el presidente ha señalado que la desatención a las sentencias sobre los caudales ecológicos del río Tajo podría interpretarse, según diversos asesorías legales, como un posible "delito ecológico".

García-Page ha planteado una inquietud sobre la disposición de otros políticos en Castilla-La Mancha, y posiblemente en otras zonas del país, para anteponer los intereses de su región incluso si se ve obligados a emprender acciones legales contra un gobierno de su propia formación. Este aspecto, según él, refleja la complejidad y la seriedad del asunto.

El presidente ha subrayado que han concedido más de un año a las autoridades para que cumplan con las sentencias, pero ante la inacción, se han visto forzados a tomar una decisión "práctica y clara".

A pesar del escenario actual, ha manifestado su esperanza de que se logre una "solución" a este conflicto y que, eventualmente, se pueda llegar a la "retirada del pleito" contra el Gobierno de España.