Page lanza campaña contra legislación estatal que aumenta el gasto de las CCAA tras las protestas de la CRUE.

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CUENCA, 13 Dic. - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha propuesto la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para que los líderes autonómicos establezcan una posición común y eviten que el Gobierno central apruebe leyes que generen más gastos para las comunidades autónomas. Esta sugerencia surge después de que la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) haya estimado un aumento de gasto de 844 millones de euros debido a la nueva Ley de Universidades (LOSU).

En un evento público en Cuenca junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, el presidente autonómico criticó lo que llamó una nueva ley de "yo invito y tú pagas", mostrando su descontento con este tipo de "ocurrencias".

"Comparto con la CRUE la preocupación por el gasto que la decisión del Estado obligará a las universidades. Las comunidades autónomas que no han participado en la legislación no la financiarán. No lo vamos a proponer. Vamos a presentar una reclamación al Estado para que asuma la deuda a la que obliga a las universidades. Es muy cómodo, fácil e irresponsable que en España se legisle para que paguen los demás", dijo García-Page.

Con esta premisa, expresó su intención de "pilotar" una iniciativa a partir de enero para convocar una Conferencia de Presidentes específica que consolide "un compromiso riguroso del Estado de no aprobar legislaciones que generen más gastos para las comunidades autónomas sin una financiación específica".

"Un compromiso mínimo de lealtad. En enero solicitaré esa Conferencia de Presidentes y me dirigiré a todos los presidentes de las comunidades autónomas", añadió, lamentando el hecho de que, después de 10 años sin reformar la financiación autonómica, ahora se incurra en este tipo de gastos para las regiones con una ley que es solo "cuentas de la lechera".

En su opinión, esto es algo que "no se puede asumir" y el Estado tiene que "asumir su responsabilidad". "Si no se incluye la financiación, el gasto deberá detenerse hasta que el Estado asuma su responsabilidad", advirtió.

En relación a esto, también exigió que los 150 millones de euros destinados a las universidades catalanas se distribuyan entre todas las universidades del país.

"Este dinero es de todos, y a pesar de la polémica que puedan generar los independentistas, la financiación debe ser equitativa o no será. Y si hay dinero extra y privilegios financieros para las universidades catalanas, también deberá haberlo para las demás", subrayó.

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Castilla-La Mancha