Page solicita al Estado gestionar parte del agua del Tajo y Guadiana para agilizar trámites

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado formalmente una petición al Ejecutivo central para que le encomendé la gestión de expedientes relacionados con los ríos Tajo y Guadiana. La iniciativa busca aliviar los largos retrasos que enfrentan agricultores y ganaderos en la tramitación de permisos y concesiones hídricas.

Este paso forma parte de una estrategia para superar los obstáculos administrativos que, en opinión del presidente regional, Emiliano García-Page, afectan la eficiencia del sistema de gestión del agua en la comunidad. La propuesta no implica una transferencia de competencias, sino una encomienda para acelerar procesos y reducir los tiempos que en ocasiones alcanzan años.

El contexto político de esta solicitud refleja las dificultades existentes en la coordinación entre las comunidades autónomas y las confederaciones hidrográficas, controladas por el Estado. La gestión del agua en Castilla-La Mancha ha estado marcada por tensiones y demoras, particularmente en relación con la gestión de acuíferos y pozos, cruciales para el sector agrícola y ganadero regional.

Desde el Ejecutivo autonómico, se señala que la encomienda permitiría no solo agilizar trámites, sino también crear empleo adicional, estimado en entre 400 y 500 puestos de trabajo. La propuesta se inscribe en un contexto de creciente preocupación por la disponibilidad y gestión del recurso hídrico en un territorio afectado por sequías recurrentes y necesidades de modernización del sector agrícola.

Este movimiento también contempla que Castilla-La Mancha pueda disponer de mediciones propias sobre el estado de sus acuíferos, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y su Centro Regional de Estudios del Agua. La intención es contar con datos independientes que permitan decisiones más precisas y confiables sobre los recursos hídricos regionales.

De cara al futuro, la petición de encomienda a la administración central representa un cambio en la estrategia de gestión del agua en la comunidad. La medida busca responder a una necesidad urgente de mayor eficiencia y transparencia, en un momento en que la gestión del recurso hídrico resulta vital para el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha.