TOLEDO 24 Oct.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha el proceso participativo para el Anteproyecto de Ley de Simplificación y Agilización Administrativa, el cual introduce el silencio administrativo positivo como regla general en el funcionamiento de la Administración regional, mejorando así los servicios y la respuesta a los ciudadanos.

Este proceso de participación, que ha comenzado esta semana y se extenderá hasta el 19 de noviembre, está abierto a todo el público a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha (https://participacion.castillalamancha.es/), donde cualquier ciudadano, ya sea a título personal o en representación de una asociación, entidad o plataforma, puede realizar sus aportaciones al proyecto, previo registro.

Una vez finalizado el proceso participativo, se publicará un informe final que recogerá todas las aportaciones recibidas durante este período, junto con una valoración de las mismas, según informa el Gobierno regional en un comunicado de prensa.

La futura normativa, que está siendo desarrollada por la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo Autonómico, contempla novedades como la sustitución de autorizaciones y licencias dependientes de la región por la declaración responsable, con el objetivo de agilizar el inicio de actividades económicas en la región.

El objetivo es establecer un marco regulatorio que permita una Administración moderna y eficaz, agilizando y personalizando la relación con los ciudadanos y empresas, reduciendo los trámites administrativos y garantizando la seguridad jurídica y la protección de datos al utilizar la tecnología en el ámbito público para mejorar la prestación de servicios.

Además, la Ley de Simplificación Administrativa incluye el 'Espacio Ciudadano', un espacio digital que facilitará a los castellanomanchegos el acceso a los servicios ofrecidos por el Gobierno de Castilla-La Mancha de manera sencilla y sin trámites físicos, con el objetivo de convertir a la Administración en un agente proactivo. También se regulará el uso de la Inteligencia Artificial para garantizar seguridad jurídica en los procedimientos administrativos de competencia regional.

Con esta nueva normativa, el Gobierno de Castilla-La Mancha busca continuar avanzando en los cambios normativos implementados durante la pasada legislatura, con la aprobación de leyes como la de Proyectos Prioritarios o la Ley SUMA.