Crónica Castilla-La Mancha.

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PP y Vox critican a García Torijano por mala gestión de políticas sociales en C-LM

PP y Vox critican a García Torijano por mala gestión de políticas sociales en C-LM


TOLEDO, 25 Ene. - La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha destacado las políticas sociales implementadas en Castilla-La Mancha en contraposición al PP y Vox, quienes han criticado la gestión del Gobierno en esta área y han acusado a la Junta de llevar a cabo una gestión deficiente.

En un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre el programa 313-A de la Consejería de Bienestar Social, García Torijano expresó su pesar por cómo se ha hablado de otros temas en lugar de centrarse en el programa. Se refirió a las críticas afirmando que algunos argumentos estaban desconectados de la realidad y la dejaron confundida.

La consejera defendió el programa 313-A como un enfoque integral que promueve la igualdad y que ha experimentado un crecimiento presupuestario importante. Destacó los avances logrados en los últimos ocho años en comparación con la situación heredada, que calificó como desastrosa. Subrayó que el presupuesto destinado a políticas sociales de bienestar social ha aumentado de 60,3 millones de euros a 98 millones de euros en la actualidad.

García Torijano lamentó no haber podido hablar sobre los servicios de atención domiciliaria, las ayudas de inclusión social y otros programas innovadores que sitúan a Castilla-La Mancha como un referente a nivel nacional. Además, sugirió que el Gobierno y la oposición podrían haber trabajado juntos para celebrar los logros de la comunidad autónoma.

Luis Juan Blázquez, diputado de Vox, lamentó que cifras como la tasa de pobreza y exclusión social o la dependencia no sean favorables en la Comunidad Autónoma. Criticó la gestión del PSOE y argumentó que los impuestos regionales deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. También expresó su preocupación por el despilfarro en consejerías innecesarias, promociones y campañas publicitarias mientras una parte significativa de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Blázquez instó a poner fin a la arbitrariedad en el uso de las herramientas del estado social y a priorizar las necesidades reales de los ciudadanos en situaciones de necesidad. Presentó una resolución solicitando mejoras en el cuidado de las personas mayores y dependientes, un aumento en la inversión del Gobierno regional en las familias y la provisión de infraestructuras y servicios necesarios para reducir las desigualdades territoriales.

Por su parte, José Antonio Martín-Buro, diputado del PP, mencionó el informe sobre rentas mínimas de inserción que señala que Castilla-La Mancha sigue ocupando el último lugar en términos de cobertura de estas ayudas con un 0,6 por ciento. Criticó la falta de atención a los más vulnerables y citó el informe de EAPN que indica que el 32% de la población de Castilla-La Mancha está en riesgo de pobreza y exclusión social.

El diputado del PP destacó que el 36,4 por ciento de las personas que viven en zonas rurales de la región se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, además de que el 39 por ciento de los menores de 18 años y el 35,5 por ciento de los hogares con menores también están en riesgo de pobreza y exclusión social. Criticó la falta de atención a esta problemática y lamentó que más de una de cada tres personas se encuentre en situación de pobreza o exclusión social.

La resolución propuesta por el PP, que buscaba garantizar la igualdad y la solidaridad, fue rechazada. En respuesta, el diputado del PSOE, Pablo Camacho, afirmó que el objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha es defender un estado del bienestar que promueva la igualdad y la libertad. Destacó el compromiso del Gobierno regional de destinar 20 millones de euros diarios en 2024 para fortalecer el estado del bienestar. También criticó las intervenciones de Vox y el PP por no centrarse en el programa 313A y defender recortes anteriores en gasto social.

La resolución del PSOE fue aprobada y reconoce los esfuerzos del Gobierno en relación con el programa 313-A. Además, insta a ampliar los servicios y recursos sociales en toda la región, a generar empleo relacionado con el bienestar social y a favorecer la estabilidad financiera de entidades locales y del Tercer Sector Social.