TOLEDO, 17 de diciembre. En un reciente acuerdo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP) han decidido que el Tercer Sector sea el encargado de seleccionar a las personas del ámbito de la discapacidad que formarán parte del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Esta decisión se tomó durante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, que se reunió para discutir el Informe del Proyecto de Ley sobre el Consejo Social de la Universidad. Dentro de este contexto, las siete enmiendas presentadas por Vox al texto fueron admitidas para su discusión en el pleno, dado que no contaron con el respaldo ni del PSOE ni del PP.

En contraste, dos de las tres enmiendas propuestas por el PP se han integrado al dictamen final gracias a un acuerdo con el PSOE. Sin embargo, la tercera enmienda, que abordaba las funciones de la Presidencia del Consejo Social, fue retirada del debate.

Una de las enmiendas aceptadas propone que el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha incluya a personas con discapacidad, con el objetivo de "reflejar la pluralidad del entorno social de la región". La diputada del PP, María José Gil, enfatizó la importancia de que este órgano represente adecuadamente a todos los sectores de la sociedad.

Además, la otra enmienda incorporada se refiere a la formación de una Comisión Ejecutiva dentro del Consejo Social, que era inexistente hasta ahora. El PP sugiere que esta nueva comisión se integre por los representantes de los intereses sociales del Consejo Social.

La parlamentaria del PP defendió que sus propuestas están alineadas con el objetivo de llegar a consensos que mejoren el proyecto y fortalezcan el papel de este órgano de participación, que busca no solo la captación de fondos, sino también fomentar la conexión entre los estudiantes y la sociedad.

Por su parte, el representante de Vox, Luis Juan Blázquez, expresó su desacuerdo con esta normativa, al indicar que fue objeto de críticas por parte del Consejo Consultivo, el cual prácticamente rechazó la totalidad del articulado, considerando que la normativa introducirá mayor burocracia para los interesados que no estén contemplados en la ley anterior.

Blázquez, en sus observaciones al texto, manifestó que echo en falta criterios específicos para la captación de fondos, así como límites claros y acusó al proyecto de estar impregnado de "ideología de género", sin detallar medidas concretas para incrementar la vinculación entre la sociedad y la universidad.

El parlamentario de Vox también indicó que no se establecen pautas sobre cómo se deben captar fondos ni se prevé un mecanismo para evitar posibles conflictos de intereses, poniendo como ejemplo la situación de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha enfrentado problemas legales por su labor en la captación de fondos.

Entre las siete enmiendas presentadas, los miembros de Vox también proponían disminuir la cantidad de integrantes del Consejo Social, brindar apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales y eliminar las retribuciones para ser miembro de dicho consejo, exceptuando compensaciones por asistencia, dietas o gastos de locomoción.

El diputado del PSOE, Ángel Tomás Godoy, agradeció la colaboración del PP al aceptar sus enmiendas y retirar la tercera que, según explicó, fue desestimada por razones de técnica jurídica. Godoy enfatizó la importancia de que esta ley sea aprobada con un amplio consenso, destacando la buena disposición del PP de Castilla-La Mancha para alcanzar un acuerdo.

A pesar de las discrepancias en la Comisión, el diputado socialista afirmó que están abiertos a dialogar con Vox en el pleno para así lograr un consenso mayor, resaltando que las leyes aprobadas de forma unánime generan una mayor seguridad jurídica para los ciudadanos.

En respuesta a la petición de Vox de eliminar las retribuciones, Godoy señaló que muchos miembros del consejo suelen renunciar a esos pagos, aunque subrayó que ser parte del Consejo Social implica una responsabilidad significativa, ya que en caso de problemas jurídicos, los representantes de cada sector responderían con su propio patrimonio.

Respecto a las acusaciones de Vox sobre la reducción de la autonomía universitaria, Godoy repudiaron tales afirmaciones, argumentando que esta autonomía permanece "absolutamente plena".

La nueva Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha está diseñada para actualizar sus competencias y fomentar un organismo más dinámico, que promueva las relaciones con el entorno, así como la captación de fondos y el fortalecimiento del tejido social entre los estudiantes, según ha informado el Gobierno regional.

Esta normativa adapta el proceso de nombramientos y las competencias según lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), además de aumentar el número de miembros del Consejo Social de la UCLM, que pasará de 19 a 21, incorporando dos nuevos miembros con perfiles enfocados en la inclusión y la economía social.

El Gobierno regional también ha subrayado que la ley del Consejo Social de la UCLM incluye un enfoque de género, promoviendo un balance equitativo entre hombres y mujeres, y fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo que el Control Interno de la Universidad informe directamente al Consejo Social.