TOLEDO, 2 de enero. Un grupo de aproximadamente 150 personas, convocadas por la plataforma Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, ha llevado a cabo una manifestación en Toledo para solicitar al Gobierno regional que reconsidere su postura y no permita la expansión de licencias destinadas a las macrogranjas. Esta agrupación se compone de más de 30 movimientos vecinales que representan a todas las provincias de la comunidad autónoma.

Los manifestantes, reunidos frente al Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, portaban eslóganes como "Page atiende, la Mancha no se vende", "Nosotros votamos, los gorrinos no" y "Quiero oler a pino, no a mierda de gorrino". En sus declaraciones, pusieron de manifiesto que la producción industrial de carne no solamente no fomenta el desarrollo económico en las zonas rurales, sino que en realidad compromete la calidad de vida de sus residentes, generando problemas de malos olores, de salud pública y de contaminación de recursos como el agua y el suelo.

Paciencia Talaya, miembro de la Junta de Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, expresó su descontento afirmando que "el pueblo no quiere ese tipo de ganadería industrial porque solo nos trae ruina". Talaya agregó que la carne producida en estas instalaciones generalmente se destina a mercados lejanos, en lugar de ser consumida localmente, contribuyendo a la pérdida de riqueza en la región.

Durante la manifestación, Talaya también clamó directamente al presidente regional, asegurando: "Esta gran cagada que están haciendo, que la rectifiquen, que aún están a tiempo, que el pueblo no lo quiere y no puede hacer algo en contra del pueblo". Criticó además la labor del Ejecutivo regional, que, a su juicio, ha utilizado el tiempo sin otorgar nuevas licencias para crear “una legislación a medida que favorezca sus intereses”.

Desde la plataforma, se denuncia la creación de un plan de biometanización diseñado para establecer plantas de biogás, que, según sus afirmaciones, están pensadas para estar cercanas a las macrogranjas, sirviendo como una solución para el manejo de los desechos generados por estas. Informan que esta normativa otorga amplias licencias a los empresarios que operan en el sector de la ganadería industrial, generando más preocupación entre los ciudadanos.

La representante de Stop Ganadería Industrial subrayó que los afectados han "perdido la confianza en nuestros políticos", al sentir que no son tomados en cuenta en las decisiones que les afectan. "Queremos que se respete la ganadería extensiva de nuestra región y que no se otorguen más licencias para la agricultura intensiva”, exigió.

Asimismo, Amparo Cuenca, otra integrante de la plataforma y representante de Ecologistas de la Manchuela, recordó que la pausa en las concesiones de licencias fue una respuesta a las advertencias de la Unión Europea por incumplimientos en la legislación de protección de aguas, mencionando que muchos acuíferos ya están contaminados.

Cumpliendo con su deber de informar, Cuenca indicó que el nuevo decreto aprobado sobre los purines parece haber sido elaborado específicamente para favorecer a los grandes ganaderos de la agricultura intensiva. “Nosotros queremos un enfoque más responsable en la gestión de la carga ganadera para evitar la contaminación del agua”, añadió.

Los colectivos expresan su inquietud no solo por la posible reactivación de 61 licencias que actualmente están en suspenso, sino también por el plan de biometanización que contempla la instalación de 208 plantas de biogás en la región. Este proyecto es visto como una amenaza que podría agravar la situación de la comunidad autónoma.

Con la mirada puesta en el futuro, la representantes de Stop Ganadería Industrial han advertido que la creación de estas plantas de biogás atraerá aún más macrogranjas, lo cual podría derivar en serios problemas de molestias para la población y riesgos ambientales. “¿Por qué en Campo de Criptana, que no hay granjas intensivas de cerdos, van a poner dos macroplantas de biogás? ¿Será un efecto llamada para la ganadería intensiva y más macrogranjas de cerdos?”, se cuestionó Talaya, quien enfatizó que es deber del Gobierno castellanomanchego proteger el medio ambiente y no comerciar con él.