TOLEDO, 14 de diciembre.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, han formalizado un acuerdo de colaboración que busca establecer un marco adecuado para la atención de personas con enfermedades mentales que se encuentran en un proceso judicial o que podrían enfrentar uno.

Este protocolo tiene como objetivo principal consolidar la cooperación entre la Consejería de Sanidad y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con el propósito de proporcionar una respuesta eficaz para aquellos que, debido a su condición de salud mental, han tenido interacción con el sistema judicial, ya sea por cometer un delito o por estar en riesgo de hacerlo.

Desde 2013, ambas instituciones ya venían colaborando a través de Comisiones de Análisis de Casos, que son grupos estables integrados por profesionales del ámbito judicial, de la administración sanitaria y social, así como representantes de instituciones penitenciarias y asociaciones de pacientes.

Estas comisiones se encargan de examinar casos específicos, intercambiar información y desarrollar estrategias de intervención eficaces. Además, participan en la evaluación continua de situaciones, siempre buscando solucionar los casos y detectar las áreas donde la red de atención puede ser mejorada, según ha informado la Junta en un comunicado.

Otro de los propósitos de este acuerdo es optimizar la comunicación entre las dos administraciones mediante el intercambio de información y recursos, lo que beneficiará a las personas con enfermedades mentales, discapacidades intelectuales o adicciones.

El trabajo coordinado está orientado a potenciar la integración social de aquellas personas que, afectadas por trastornos mentales, discapacidades o adicciones, se encuentran en procesos judiciales.

Asimismo, el acuerdo busca implementar estrategias de prevención desarrolladas por las Comisiones de Análisis de Casos, que ayuden a evitar la judicialización de individuos con problemas de salud mental mediante la detección temprana y el desarrollo adecuado de tratamientos y recursos asistenciales.

Este protocolo también incluye la creación de procedimientos conjuntos, destacando uno que tiene la finalidad de facilitar la reintegración social de aquellas personas con enfermedades mentales que han cumplido condena y asegurar un seguimiento efectivo en su entorno comunitario.

Finalmente, se busca aumentar la visibilidad de estas Comisiones entre los distintos profesionales de las Administraciones involucradas, con el fin de aumentar el número de casos evaluados y, así, elaborar protocolos que ayuden a gestionar situaciones similares, garantizando una atención integral y adecuada para quienes más lo necesitan.