TOLEDO, 20 de diciembre. La tensión entre los sindicatos y la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha alcanzado un nuevo punto crítico, evidenciado por la reciente negativa de la consejería a dialogar sobre un Reglamento que podría transformar el cuerpo de agentes forestales y medioambientales. Esta situación ha llevado a los sindicatos CSIF, STAS, CCOO, UGT y la Asociación Profesional de Gentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM) a exigir la dimisión de la consejera, Mercedes Gómez.

En un acto que tuvo lugar el pasado viernes, estas organizaciones presentaron un escrito en la sede de la Consejería dirigido al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, manifestando su frustración ante la falta de colaboración de la administración regional.

Los sindicatos destacaron que el 9 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 4/2024, conocida como la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales. Esta ley ha sido esperada durante décadas y se percibe como una oportunidad prometedora para la modernización de los cuerpos forestales y medioambientales a lo largo del territorio nacional.

De acuerdo con los comunicados de prensa emitidos, la nueva legislación establece que los órganos de las administraciones públicas deben dictar las disposiciones necesarias para adaptar sus normativas específicas a lo estipulado en esta ley en un plazo de un año desde su entrada en vigor. Este aspecto ha generado expectativas sobre la posibilidad de que se realicen los cambios pertinentes en Castilla-La Mancha.

Sin embargo, a principios de este mes, los propios sindicatos recibieron un borrador de modificación del Reglamento vigente desde el año 2000, documento que consideran retrógrado y que no responde a las necesidades actuales del siglo XXI. Desde estas organizaciones se ha expresado que, a pesar de su disposición a negociar y mejorar el contenido de esta propuesta, la respuesta de la Consejería de Desarrollo Sostenible fue negative, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Argumentan que la adecuada transcripción de la mencionada Ley Nacional debería realizarse mediante una Ley Regional, seguida por el desarrollo de un Reglamento que formalice los cambios necesarios. Los sindicatos han recordado al presidente García-Page que este compromiso ya fue establecido en legislaturas anteriores.

Atraen la atención del presidente regional, instándolo a mediar en este asunto, recordándole que la profesionalidad y el compromiso que ha demostrado este cuerpo desde su fundación se han evidenciado en numerosas ocasiones, incluyendo su reciente intervención en emergencias en las localidades de Mira y Letur.

Sin embargo, la actitud de la Consejería de Desarrollo Sostenible ha sido de desdén, presentando un proyecto de modificación del Reglamento que disminuye los derechos de los funcionarios del cuerpo y perjudica la calidad del servicio que prestan. Esta reacción ha suscitado quejas de los sindicatos, quienes resaltan la falta de respuesta de la Administración Regional ante el conflicto que persiste debido al incumplimiento de compromisos durante más de nueve años.

Para los sindicatos, la inacción y el desprecio mostrado por la Consejería de Desarrollo Sostenible demuestran una total falta de disposición para el diálogo y la negociación. En consecuencia, reiteran su demanda de dimisión no solo de la consejera Mercedes Gómez, sino también del viceconsejero de Medio Ambiente, argumentando que ambos son responsables de la situación actual e incapaces de gestionar estos desafíos de manera eficaz.