TOLEDO, 12 de diciembre. La próxima semana, el 16 de diciembre, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo llevará a cabo el juicio de O.L.P., quien se enfrenta a serias acusaciones de agresión sexual contra un menor de 16 años, ocurrido en un parque de Toledo cuando la víctima se encontraba solo. La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión para este individuo.

Los hechos se remontan al 21 de febrero de 2024 alrededor de las 19:20 horas, cuando O.L.P. se presentó en el Parque de las Tres Culturas de la capital toledana. Según la acusación, eligió una zona apartada del parque, lugar conocido por albergar una colonia de gatos, para llevar a cabo sus intenciones inapropiadas.

En esa área, observó a un joven de 14 años, B., que estaba distraído contemplando a los felinos. Notando que el menor estaba solo, O.L.P. decidió acercarse a él con el objetivo de provocar una conversación de contenido indecente, consciente de la vulnerabilidad de su víctima.

Durante esta insidiosa interacción, O.L.P. instó al niño a que se acercara a un lugar del parque donde podía observarse a parejas manteniendo relaciones sexuales. Actuando de forma obscena, el acusado comenzó a tocarse a sí mismo mientras intentaba tocar al menor, lo que provocó el pánico en B., quien se dio a la fuga.

El supuesto agresor no fue detenido hasta varias semanas más tarde, cuando la Policía Nacional lo localizó en las cercanías del parque, tras haber sido identificado por el joven. Su detención fue un alivio para la comunidad, que sigue preocupada por la seguridad de los jóvenes en espacios públicos.

Como parte del proceso judicial, O.L.P. también está obligado a compensar a C., el representante legal del menor, con mil euros por el daño moral causado por sus acciones. Esta penalización es un claro mensaje sobre la gravedad de los delitos contra la infancia.

Además de la pena de prisión solicitada, la Fiscalía ha pedido la inhabilitación especial del acusado para ejercer derechos relacionados con la patria potestad y la tutela por un periodo de seis años, así como la prohibición de llevar a cabo actividades que impliquen contacto directo con menores de edad durante cinco años más que la duración de su condena.

Las medidas de seguridad no acaban ahí. Se propone que O.L.P. no se acerque a menos de 200 metros de la víctima y que se le prohíba cualquier tipo de comunicación por un tiempo de cuatro años. Todo esto responde a un enfoque proactivo de la Fiscalía para garantizar la protección de los niños en la comunidad.

Finalmente, se exige que O.L.P. cumpla con un régimen de libertad vigilada durante seis años, que se aplicaría una vez cumplida su condena de prisión. Esto pone de manifiesto el compromiso del sistema judicial con la seguridad de los menores frente a conductas delictivas.