TOLEDO, 29 de noviembre. La Audiencia Provincial de Toledo se prepara para llevar a cabo el juicio el próximo miércoles 4 de diciembre contra C.A.C., quien se encuentra acusado de haber atropellado de manera intencionada a un peatón que le hizo una observación sobre su conducción imprudente en Cazalegas durante el verano de 2019. La fiscalía, en este caso, ha demandado una dura pena de nueve años de prisión, fundamentando su requerimiento en el delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con los detalles proporcionados en el documento de la Fiscalía, al cual ha tenido acceso Europa Press, los incidentes tuvieron lugar a las 23:10 horas del domingo 8 de agosto de 2019. En aquel momento, el acusado, al volante de su vehículo, un Seat Ibiza de color rojo, circulaba por la calle Mayor de Cazalegas cuando fue objeto de una reprimenda por su exceso de velocidad por parte de F.L.R., quien se encontraba paseando con su familia, es decir, su esposa e hijos.

En esa situación, y conforme a las alegaciones de la Fiscalía, se sostiene que el acusado, con la intención de causar la muerte de F.L.R. o al menos aceptando la posibilidad de que tal resultado pudiera ocurrir, modificó la dirección de su vehículo, dirigiéndose de forma frontal hacia la víctima y atropellándolo. Posteriormente, se dio a la fuga, abandonando el lugar del siniestro.

Las consecuencias del atropello fueron significativas para F.L.R., quien sufrió diversas lesiones en la cabeza y en su pierna derecha, lo que requirió su ingreso hospitalario y atención quirúrgica. Estas heridas dejaron secuelas graves que impactaron negativamente en su capacidad de movilidad.

Asimismo, el informe de la Fiscalía destaca que la víctima ha visto mermadas sus posibilidades de llevar a cabo actividades significativas en su vida personal, lo cual ha repercutido en su calidad de vida y en su capacidad para realizar su trabajo o actividad profesional. Tras la estabilización de su estado, se le considera con un grado de incapacidad permanente total en relación con la profesión que ejercía antes del accidente.

Por estas razones, el fiscal ha calificado las acciones de C.A.C. como un delito de homicidio en grado de tentativa, solicitando así una condena de nueve años de prisión, además de una medida de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la sentencia.

Además, sobre la base de la responsabilidad civil, el fiscal ha reclamado indemnizaciones por un total de 25.475 euros a favor de la víctima, desglosadas en 12.000 euros por los 12 puntos de secuela, 13.000 euros por los 13 puntos de perjuicio estético, 25.000 euros por la incapacidad laboral total, 2.000 euros por las dos intervenciones quirúrgicas y 25.000 euros más por la pérdida de calidad de vida. Las compañías aseguradoras del vehículo se consideran responsables civiles directos en este caso.