TOLEDO, 6 de diciembre.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo miércoles 11 de diciembre a E.R.A.M., quien enfrenta una acusación de delito continuado de estafa. La acusada está señalada por haberse apropiado indebidamente de una suma considerable, que ronda los 45.000 euros, pertenecientes a M.M.L., un hombre con disfunción cerebral a quien cuidaba.

Según el informe de la Fiscalía, M.M.L. sufrió un grave accidente de tráfico a los 20 años, que le dejó con una disfunción cerebral. Desde entonces, ha vivido prácticamente recluido en su hogar, sin apenas salir y con escasas relaciones sociales, lo que ha contribuido a su vulnerabilidad. Su aislamiento y falta de interacción han hecho que dependiera completamente de otras personas para su cuidado y bienestar.

En este contexto, a principios de septiembre de 2011, M.M.L. estableció contacto con E.R.A.M. a través de un medio que se desconoce, buscando que ella le brindara asistencia en su hogar. Además de cuidar de él, se esperaba que la acusada llevara a cabo las tareas domésticas necesarias. M.M.L., al no salir de su casa, le otorgó a E.R.A.M. permiso para realizar extracciones de dinero de su cuenta corriente mediante el uso de su tarjeta y libreta, pero con una condición clara: las extracciones solo podían ser por el salario mensual acordado de 600 euros y los gastos personales vinculados a su cuidado.

Sin embargo, E.R.A.M., movida por el deseo de obtener un enriquecimiento ilícito, aprovechó su posición de confianza, sabiendo bien de la condición de M.M.L. y de su temor a abandonar su hogar. Así, decidió utilizar el dinero de M.M.L. para beneficio propio, acción para la cual no había recibido ninguna autorización. Esta maniobra se cimentó en la manipulación de su confianza y en el control que tenía sobre los recursos financieros de la víctima.

La acusada, teniendo acceso total a la tarjeta y la libreta, comenzó a retirar dinero de forma regular a través del cajero automático sin el conocimiento o consentimiento de M.M.L. El dinero retirado no se utilizaba para los fines acordados, sino que se destinaba a satisfacer necesidades e intereses personales de E.R.A.M. y de su familia, todo ello mientras la víctima continuaba sin sospechar de la situación.

La Fiscalía informa que, en un acto aún más reprochable, E.R.A.M. llegó a transferir sumas de dinero desde cuentas de inversión de M.M.L. a su cuenta corriente, ampliando así su capacidad económica de forma fraudulenta. Además, utilizaba la tarjeta de crédito para realizar compras en comercios y restaurantes en varias ocasiones, siempre en detrimento del verdadero propietario de los fondos.

Este comportamiento delictivo se extendió hasta febrero de 2019, momento en el que E.R.A.M. dejó de prestar servicios en la casa de M.M.L, debido a la intervención de sus familiares, quienes comenzaron a cuestionar la situación. Al finalizar este periodo, la acusada había acumulado una suma cercana a los 45.000 euros, dinero que nunca ha sido restituido a su legítimo propietario, dejando a M.M.L. en una situación de desprotección aún más crítica.