En un reciente fallo del Tribunal Supremo en Madrid, se ha ratificado la condena a prisión permanente revisable de un individuo que cometió un crimen atroz en Almonacid, Toledo, en abril de 2022. Este hombre fue hallado culpable de agredir sexualmente y asesinar a su exesposa, un acto que ha provocado una profunda conmoción en la opinión pública.

La decisión judicial, publicada por Europa Press, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, rechazando el recurso del condenado, quien intentó impugnar la decisión. Durante el juicio, que se llevó a cabo con un jurado popular, se determinó que el acusado sería castigado con prisión permanente por el asesinato, un cargo que no negó.

El hombre, en su defensa, argumentó que no se había demostrado el dolo necesario para considerarlo culpable de agresión sexual, insistiendo en que las relaciones sexuales fueron consensuadas. Sin embargo, el tribunal desestimó esta argumentación al considerar que las pruebas presentadas fueron contundentes y suficientes para acreditar la agresión.

Los jueces indicaron que la "agresión sexual se ha probado mediante pruebas indiciarias", refutando la idea de que existiera falta de evidencia para respaldar la condena del acusado, cuya versión de los hechos fue catalogada como poco creíble.

Además, el tribunal resaltó que el veredicto del jurado era congruente con las pruebas disponibles y la forma en que se valoraron, desestimando la hipótesis presentada por la defensa como poco plausible.

Los elementos probatorios revelan que la víctima estaba decidida a separarse definitivamente del acusado, con quien ya había culminado su matrimonio y compartía tres hijos. Esta decisión de abandonar el hogar familiar fue rechazada por el agresor, quien actuó motivado por un deseo de dominio sobre su exesposa.

Ante la gravedad de los hechos, la Audiencia Provincial también dictó que el condenado sería privado de la patria potestad de su hijo menor y que debería indemnizar a sus dos hijos mayores con 71.500 euros cada uno, así como a su hijo menor con 113.000 euros, en un intento de reparar en parte el daño causado por sus acciones despreciables.