CIUDAD REAL, 19 de enero - La construcción del nuevo Campus Biosanitario de Ciudad Real, un ambicioso proyecto con un costo estimado de más de 38 millones de euros, ha sufrido un revés significativo. La Universidad de Castilla-La Mancha ha decidido suspender de manera cautelar la adjudicación del mismo, debido a la presentación de dos recursos que están siendo considerados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

La información divulgada por la Plataforma de Contratación del Sector Público revela que uno de los recursos ha sido presentado por la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil, SA. Esta compañía ha impugnado su exclusión del proceso de licitación, una decisión tomada por la mesa de contratación de la universidad que se basa en el incumplimiento de los requisitos de clasificación necesarios.

De acuerdo con el expediente, la exclusión se debió a que la empresa intentó demostrar su solvencia utilizando recursos de una tercera entidad, cuya clasificación también resultó insuficiente para el tipo de contrato en cuestión. Esta situación ha generado incertidumbre en un proceso que ya se había complicado.

Durante la licitación también se dio el caso de otra firma, la UTE Vilor Infraestructuras-Martín Holgado Obra Civil, que fue descalificada al presentar una oferta que superaba el presupuesto base establecido, fijado en 38 millones de euros. Sin embargo, cabe mencionar que la resolución para esta empresa ya ha sido favorable a la Universidad de Castilla-La Mancha.

Finalmente, la adjudicación se había otorgado a la UTE Grulop 21-Rubau por un monto de 38.236.953 euros, IVA incluido. No obstante, esta adjudicación ha quedado en suspenso a la espera de una decisión sobre el segundo recurso presentado, que determinará si la actuación del proceso de licitación ha sido conforme a la normativa vigente, un tema crítico para el desarrollo del sector universitario y sanitario en la región.

En una conferencia de prensa, José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, manifestó su deseo de que se resuelva pronto el "bloqueo administrativo" generado por el Tribunal de Recursos Contractuales. Caballero ha subrayado la importancia de este campus, al que considera clave para el avance en investigación y ciencia, y ha anticipado que el objetivo es iniciar las obras lo antes posible, con la esperanza de que la infraestructura esté lista para 2028.

Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, también compartió detalles sobre los recursos presentados. De los dos impugnaciones, uno ya ha tenido un fallo positivo para la universidad, mientras que el segundo, que fue presentado posteriormente, es el que ha provocado la suspensión actual. Garde confía en que la resolución, que se espera para el 10 de febrero, arroje un resultado favorable para la institución educativa.