Tribunal Supremo obliga a Puertollano a indemnizar con 405.000 euros a guardería clausurada por falta de rentabilidad.

CIUDAD REAL, 26 de marzo. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que obligó al Ayuntamiento a indemnizar a la empresa Servicios Infantiles Dulcinea con 405.807 euros. Esta decisión se basa en la renuncia de Dulcinea a un contrato de concesión de 50 años para el uso de una parcela donde operaba su escuela infantil en la ciudad industrial.

La compañía argumentó su abandono del proyecto citando la falta de cumplimiento de las expectativas de rentabilidad que habían acordado inicialmente.

El concejal de Hacienda, Andrés Gómez, informó sobre la ratificación del Supremo durante el pleno municipal de este jueves. En esta sesión se incluyó el monto derivado de la sentencia en una modificación crediticia de 2,6 millones de euros, diseñada principalmente para reducir la deuda del municipio en un 94%.

En abril de 2024, el Tribunal Supremo aceptó el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Puertollano contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, emitida el 11 de octubre de 2022. El fallo beneficiaba a Dulcinea, la antigua concesionaria de una guardería situada detrás del hospital local. Esta, tras su cierre y la renuncia a la concesión, solicitó al Ayuntamiento una compensación de 671.755 euros por las obras realizadas, alegando que la operación del servicio no era suficiente para recuperar su inversión. La solicitud fue desestimada por el consistorio.

Los magistrados, en su fallo, se apoyaron en otras resoluciones judiciales similares para justificar su decisión. Resaltaron que la concesión se trataba de una actividad privada de interés público, y el pliego correspondiente carecía de especificaciones sobre las razones y efectos de la renuncia del contratista, lo que se traduce en una "laguna regulatoria".

Dulcinea había sido beneficiaria de una cesión de terreno público desde 2007 por un periodo de 50 años a cambio de un canon simbólico de tan solo 50 euros. Durante su funcionamiento, más de 750 niños fueron atendidos por más de 100 educadores en sus instalaciones. Desde su cierre, las instalaciones han sido objeto de al menos dos incendios.

En dicho pleno, el Ayuntamiento aprobó una modificación de créditos por 2.610.807,33 euros, destinada a atender diversas necesidades económicas municipales. Esto incluye la reducción de deuda, el cumplimiento de resoluciones judiciales y la financiación de proyectos para la ciudad.

El expediente presenta tres líneas de actuación. En primer lugar, destina 405.807,33 euros a hacer frente a la sentencia del 2022 vinculada a la guardería Dulcinea. Asimismo, se contemplan 25.000 euros para ampliar el convenio con Emplealia, con el fin de reforzar programas de inclusión social y laboral. Finalmente, se reservan 2.180.000 euros para la amortización de préstamos a medio y largo plazo.

Por otro lado, la Corporación ha respaldado, con la abstención del grupo popular, una moción del grupo socialista que propone crear un Plan Municipal para reducir progresivamente el uso de herbicidas en espacios públicos, con el objetivo de establecer metas concretas para disminuir el uso de productos fitosanitarios en parques, jardines y otras áreas urbanas.

El pleno también instó a considerar criterios de salud pública y protección a grupos vulnerables en la planificación y ejecución de tratamientos fitosanitarios, priorizando la reducción de la exposición de los ciudadanos a estos productos.

Se registraron momentos de tensión entre el alcalde Miguel Ángel Ruiz y el concejal socialista Francisco José García, quienes intercambiaron reproches sobre el cumplimiento de normativas en el ámbito del Reglamento Orgánico ROF.

Durante el turno de ruegos y preguntas, se puso de manifiesto que el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno había exigido al Ayuntamiento que actualizara el Portal de Transparencia con las retribuciones de los cargos públicos. En este espacio se reporta, entre otros datos, que el alcalde percibe una retribución bruta anual de 76.318,76 euros. García subrayó que el alcalde del PP gana más que su predecesor socialista, lo que contradice lo que el actual alcalde había prometido.

El alcalde respondió negando esta cifra, afirmando que su salario real es algo más de 50.000 euros, y que se había reducido su sueldo al inicio de la legislatura para cobrar menos que el anterior alcalde.

En un intercambio acalorado, el alcalde exigió al concejal que moderara su tono, cuestionando su actitud. La tensión continuó cuando el concejal socialista le retó a que le retirara la palabra, creando un ambiente de franco enfrentamiento entre ambos políticos.