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Sanidad 24 de Abril de 2026 · 11:34h 2 min de lectura

UGT reclama una reforma de la Ley de Riesgos Laborales sin politización

La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se prevé apruebe el Consejo de Ministros la próxima semana, busca actualizar una normativa de 30 años de antigüedad. La iniciativa pretende incorporar aspectos como los riesgos digitales, la salud mental y los efectos del cambio climático en el entorno laboral. Según datos oficiales, en 2022 fallecieron 735 personas en accidentes laborales en España, una cifra que ha aumentado un 6 % en lo que va de año, evidenciando la necesidad de cambios en la legislación.

El contexto político en torno a esta reforma está marcado por el rechazo de la patronal a participar en el diálogo social, lo que ha generado cierto retraso en su tramitación. Los sindicatos, por su parte, defienden la importancia de modernizar la ley para mejorar la protección de los trabajadores y reducir la siniestralidad laboral, que en Castilla-La Mancha en los primeros meses de 2023 ha provocado 8 muertes y más de 4.000 accidentes.

La propuesta, acordada entre el Gobierno y los sindicatos, busca fortalecer las figuras que garantizan la prevención en las pequeñas y medianas empresas, así como ampliar la protección a nuevas amenazas emergentes. La ley también contempla la creación de un observatorio de salud laboral para facilitar el acceso a apoyo psicológico gratuito, una medida que refleja la creciente preocupación por la salud mental en el trabajo.

Desde el ámbito político, la oposición y ciertos actores empresariales han cuestionado algunos aspectos de la reforma, alegando que podría incrementar la carga administrativa. Sin embargo, los sindicatos insisten en que la modernización es urgente para adaptar la legislación a los retos del siglo XXI. La futura aprobación de la ley será un paso clave para consolidar un marco de protección más efectivo y actualizado.

Mirando hacia el futuro, la implementación de esta ley podría marcar un cambio sustancial en la cultura preventiva y en la protección social laboral en España, con un enfoque más integral y adaptado a las nuevas realidades. La continuidad del diálogo social será fundamental para perfeccionar el texto y garantizar su eficacia en la reducción de accidentes y enfermedades profesionales.

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