ALBACETE, 26 de diciembre. En un esfuerzo por salvaguardar la integridad de nuestros productos autóctonos, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete ha llevado a cabo una serie de inspecciones en comercios y mercadillos de la provincia. Esta iniciativa, enmarcada dentro de la operación 'Delta India', cuenta con la valiosa colaboración de la Asociación para la Promoción de la Nuez de Nerpio.

Desde noviembre y diciembre, el Seprona ha estado activamente inspeccionando diversos establecimientos en localidades como Nerpio, Hellín y la propia capital albaceteña. Esta operación se centra en proteger la Denominación de Origen Protegida ‘Nueces de Nerpio’, un distintivo de calidad que fue registrado en 2021 y que es esencial para la economía local y la preservación de nuestras tradiciones agroalimentarias.

Durante uno de estos operativos, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Aguas Nuevas (Paprona) ha procedido a investigar a un ciudadano que presuntamente cometió un delito contra la propiedad industrial. Este individuo vendía nueces bajo la etiqueta de la Denominación de Origen ‘Nueces de Nerpio’ sin contar con la inscripción ni la autorización necesaria que garantiza la calidad y el origen de este producto.

En total, se han registrado dieciséis denuncias por distintas infracciones administrativas relacionadas con la normativa en materia de alimentos, reflejando un esfuerzo contundente por parte de las autoridades para erradicar prácticas ilegales que perjudican a los productores legítimos.

Las diligencias iniciadas por la Paprona han sido trasladadas al Juzgado de Instrucción número uno de Albacete. Este procedimiento es crucial, ya que el delito contra la propiedad industrial puede conllevar penas de prisión que oscilan entre seis meses y dos años, lo que demuestra la seriedad con la que se tratan estos asuntos.

Adicionalmente, las infracciones administrativas detectadas podrían clasificarse como muy graves, lo cual facultaría a las autoridades sancionadoras a establecer multas que varían entre 30.000,01 y 300.000 euros. Este riguroso marco de sanciones subraya la importancia de proteger nuestra herencia agrícola y asegurar que los consumidores reciban productos de calidad que respeten nuestras tradiciones.