Aumento de Quejas Ciudadanas en C-LM: 1.896 Presentadas al Defensor del Pueblo en 2025.

En un reciente informe, el Defensor del Pueblo ha revelado que, en 2025, se registraron 38.144 quejas ciudadanas, lo que representa un notable incremento respecto a las 34.402 quejas del año anterior. Esta tendencia al alza se concentra en áreas críticas como la Justicia, la Seguridad Social, el empleo, la migración y políticas sociales, además de problemas en Educación y Sanidad.

El defensor, Ángel Gabilondo, presentó el Informe Anual a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, destacando que también se entregará al presidente del Senado, Pedro Rollán, el próximo 9 de abril. Este informe pone de manifiesto la creciente preocupación de la ciudadanía por el funcionamiento de diversas instituciones públicas.

De los casos reportados, 1.896 quejas provienen de Castilla-La Mancha, lo que señala un incremento de 248 quejas en comparación con 2024. En la distribución provincial, los habitantes de Toledo lideran las quejas con 739, aunque esta provincia experimentó una ligera disminución en comparación con el año anterior.

A nivel nacional, se procesaron un total de 38.762 expedientes, aumentando en 4.133 desde 2024. Estos incluyeron no solo quejas, sino también actuaciones de oficio y solicitudes de recurso al Tribunal Constitucional, evidenciando la necesidad de una atención más eficaz a los problemas ciudadanos.

Dentro de las resoluciones emitidas, más de 2.000 se dirigieron a distintas administraciones para abordar los múltiples problemas planteados, de los cuales 721 fueron recomendaciones específicas para mejorar la situación de varios servicios públicos.

Las quejas llegaron mayormente de comunidades autónomas con poblaciones significativas, siendo Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia las que más incidencias reportaron, lo que refleja un descontento generalizado en zonas más densamente pobladas.

En declaraciones durante la presentación del informe, Gabilondo subrayó que el crecimiento en quejas es reflejo de un "desasosiego social" y la disminución de la confianza en las instituciones. También hizo mención del impacto positivo que la Inteligencia Artificial puede tener en la mejora de los procesos de gestión.

Entre los problemas persistentes resaltados en el informe, se encuentran las demoras en el sistema judicial y los cuellos de botella en la atención sanitaria, evidenciando la necesidad urgente de reformar estos sectores para garantizar un servicio más ágil y humanizado.

Gabilondo también hizo eco de la preocupante situación de la vivienda, señalando el aumento de desahucios y la escasez de propiedades de alquiler, una situación alarmante que afecta a muchas familias, incluso a quienes están empleados o perciben pensiones.

Respecto a la educación, se destacó la gran cantidad de quejas relacionadas con la homologación de títulos, lo que refleja deficiencias en el sistema educativo que deben ser abordadas con mayor eficiencia. Además, en el tema de ayudas sociales, se recomendó revisar criterios que pudieran perjudicar a familias en situaciones vulnerables.

En el ámbito sanitario, Gabilondo hizo hincapié en que las listas de espera siguen siendo uno de los puntos más críticos en la atención de la salud, sugiriendo que la falta de recursos y personal especializado contribuye a un deterioro del servicio.

Asimismo, se ha detectado un número considerable de quejas relacionadas con la atención a inmigrantes y la igualdad en la gestión de expedientes en las oficinas de extranjería, lo que demanda un enfoque más homogéneo y justo a nivel nacional.

Por último, el informe también abordó temas de transporte y medio ambiente, reflejando una inquietud sobre el estado de las infraestructuras y la necesidad de mejorar la respuesta ante emergencias ecológicas, como los incendios forestales que han afectado a varias regiones en 2025.

A través de esta exhaustiva recopilación de quejas, el Defensor del Pueblo nos ofrece un retrato claro de las preocupaciones ciudadanas y la urgente necesidad de reformas en diversas áreas del servicio público para restaurar la confianza en las instituciones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.