Castilla-La Mancha prepara una ley para acelerar la movilización de suelo y facilitar vivienda
Castilla-La Mancha está en proceso de aprobar una nueva ley que facilitará la movilización de suelo y promoverá soluciones innovadoras en vivienda. La normativa, conocida como 'Ley Tococar', se prevé presentar en el Parlamento autonómico tras el verano, con la intención de aprobarla en sesiones inmediatas. Esta ley complementará las reformas ya impulsadas y buscará desbloquear los cuellos de botella existentes en el mercado habitacional regional.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, explicó que la ley incluirá medidas para reactivar fondos europeos, reprogramar recursos y ofrecer hipotecas a interés cero. Además, contempla reducir impuestos en compras de viviendas desde principios de 2026, con efectos retroactivos. La iniciativa forma parte de la Agenda de Acción por la Vivienda, que prioriza soluciones prácticas y evita la criminalización de actores del mercado.
La comunidad apuesta por medidas inmediatas ante los retrasos en el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda, que se espera reciba fondos a principios de 2027. Para ello, se han lanzado convocatorias de alquiler y se reorientarán fondos Feder para habilitar 136 viviendas en Ciudad Real en el próximo año y medio. La colaboración con el Ayuntamiento local será clave para agilizar los procesos urbanísticos y licencias necesarias.
La normativa también busca responder a las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, ante un mercado de vivienda congestionado. La administración regional prioriza soluciones prácticas y pioneras, con una visión de largo plazo que pueda servir de referencia para otras comunidades en España. La aprobación de estas medidas pretende aliviar la demanda y facilitar el acceso a viviendas asequibles.
En el contexto político, la comunidad continúa impulsando su agenda de vivienda pese a los retrasos en el Plan Estatal. La colaboración entre instituciones y la innovación legislativa marcan la estrategia regional. La futura ley y las medidas inmediatas buscan garantizar respuestas rápidas a las necesidades habitacionales, en un escenario donde los fondos públicos y europeos se reprograman para maximizar el impacto.
En un horizonte cercano, estas acciones reflejan una apuesta por la autonomía regional en políticas de vivienda y una tendencia a implementar soluciones más ágiles, que puedan adaptarse rápidamente a las demandas sociales y económicas. La experiencia de Castilla-La Mancha puede marcar un ejemplo en la gestión de crisis habitacionales a nivel nacional.