Castilla-La Mancha prioriza la accesibilidad en zonas rurales con nueva ley
El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en una futura Ley de Accesibilidad Universal que dará prioridad a las zonas rurales. La norma, en fase de elaboración, contempla medidas específicas para garantizar derechos a personas con discapacidad y mayores en el medio rural, donde la desigualdad en accesibilidad es más evidente.
El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, explicó que esta decisión responde a un compromiso de justicia e igualdad, considerando la accesibilidad como un derecho fundamental para la autonomía y dignidad de las personas. La ley busca que entornos públicos, servicios y productos sean más seguros y comprensibles para todos, en cualquier etapa de la vida.
El proceso participativo en su redacción incluye aportaciones ciudadanas y colaboración con entidades como la ONCE, que aportan experiencia en discapacidad visual y diseño universal. Actualmente, el anteproyecto está en fase de recepción de propuestas a través del Portal de Participación autonómico, con un plazo abierto hasta el 4 de mayo para el tercer bloque del texto, centrado en bienes y servicios accesibles en el sector público y privado.
El enfoque en el medio rural es una estrategia que responde a la necesidad de reducir brechas sociales y promover la igualdad en toda la comunidad. La ley pretende crear un marco normativo que asegure el acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones, mejorando también la participación social de estos colectivos en entornos menos favorecidos.
Este compromiso político se enmarca dentro de las políticas de igualdad y derechos sociales impulsadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en línea con los objetivos europeos de accesibilidad universal. La futura ley refleja una apuesta por la inclusión y el respeto a la diversidad, con especial atención a las zonas menos urbanizadas.
De cara al futuro, la implementación de esta normativa supondrá un avance en la cohesión social y en la protección de derechos fundamentales. La participación ciudadana y la colaboración con entidades especializadas serán clave para garantizar un marco legal efectivo y adaptado a las necesidades reales de la población rural, promoviendo un modelo de accesibilidad integral en toda la comunidad.