La planificación hídrica en Castilla-La Mancha amenaza con pérdidas de 500 millones
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha advierte que los esquemas provisionales de planificación hidrológica para la región podrían causar daños económicos cercanos a los 500 millones de euros, afectando a miles de agricultores. Los recortes en el uso del agua, el cambio a riego en secano y la posible extinción de derechos de agua son las principales medidas propuestas.
El contexto político está marcado por la aplicación de las nuevas demarcaciones hidrográficas, que buscan cumplir con la Directiva Marco del Agua y la Ley de Aguas, pero que generan preocupación en el sector agrícola. La propuesta contempla recortes en siete cuencas, con efectos que se materializarían a finales de 2027, impactando en la continuidad de muchas explotaciones.
Estas decisiones podrían traducirse en la pérdida de derechos adquiridos y en la reducción de la superficie regada, lo que amenaza la estabilidad económica y social de numerosos municipios. La región, que ya enfrenta dificultades por la escasez hídrica, ve en estos cambios un riesgo adicional para su sector agrícola y el desarrollo rural.
Desde UPA, se ha iniciado una movilización para presentar alegaciones, organizar protestas y buscar apoyos políticos y europeas. La organización también ha solicitado una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para evitar que las medidas se apliquen sin un plan de adaptación adecuado. La región está en alerta ante las posibles repercusiones.
En un escenario más amplio, la gestión del agua en Castilla-La Mancha se enmarca en un contexto político y económico complejo, donde las decisiones europeas y nacionales afectan directamente a la agricultura. La región, líder en producción agrícola, busca un equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica, en medio de un panorama de incertidumbre global y cambios en las políticas de recursos hídricos.
El futuro de la agricultura en Castilla-La Mancha dependerá de las negociaciones en curso y de la capacidad de la región para defender sus intereses. La presión social, política y técnica será clave para definir un modelo que garantice el uso responsable del agua sin poner en riesgo la economía agrícola y el bienestar rural.