Sindicatos se oponen a la limitación de promoción profesional para funcionarios impuesta por la Junta.
TOLEDO, 26 de marzo.— Una serie de sindicatos, incluyendo CSIF, STAS, CCOO y UGT, se manifestaron el día de hoy frente a la Dirección General de Función Pública para expresar su oposición a la reciente decisión del Gobierno regional que restringe la posibilidad de que los empleados públicos accedan a la excedencia por prestación de servicios en la Administración. Esta medida, según los protestantes, limita las oportunidades de ascenso profesional para muchos de sus miembros.
Victoria Ortiz, representante de CSIF, no dudó en calificar de "inaceptable" la intención del PSOE de modificar la Ley de Empleo Público mediante enmiendas a un Proyecto de Ley que se debatirá en las Cortes de Castilla-La Mancha. Ortiz argumentó que esta modificación implica la eliminación de droits que ya estaban consagrados, los cuales permitían a funcionarios con puestos como auxiliar administrativo acceder a plazas de mayor relevancia y acumular méritos necesarios para su promoción profesional.
Ortiz advirtió que esta decisión no solo limitará las oportunidades de ascenso, sino que lo hará independientemente de las titulaciones y competencias que el personal ya posea, destacando así su vehemente rechazo hacia esta medida.
En un tono similar, Gustavo Fabra, del STAS, también criticó al Gobierno regional por implementar recortes en la carrera profesional a través de una ley de carácter omnibus, sin recurrir a la mesa de negociación correspondiente. Fabra subrayó que el mensaje es claro: "Page recorta, Page privatiza y no dialoga con los representantes del personal". Por ello, exigieron la retirada de la enmienda y la convocatoria urgente de una mesa de negociación, similar a la que existe para el personal del Sescam.
Juan Bautista González, de Comisiones Obreras, recordó que la Ley de Empleo Público de 2011 fue el resultado de un acuerdo con los sindicatos, y a pesar de la necesidad de desarrollo que tenía, la Administración se ha mostrado reacia a mejorar las condiciones del personal. Señaló que, aunque existían propuestas en la ley para solucionar problemas relacionados con escalas obsoletas, estas no han sido abordadas en los últimos 15 años, y ahora intentan realizar cambios que solo perjudican al personal sin consultar a los involucrados.
Rocío Jiménez, de UGT Toledo, amplió la preocupación, haciendo hincapié en que las modificaciones no solo impactan a los funcionarios, sino a todos los empleados públicos, incluyendo personal laboral y estatutario. Esta situación compromete el derecho a una carrera profesional que, subrayó, ya se reconoce en otras comunidades autónomas y que permanece estancada desde la aprobación de la ley en 2011.
Los sindicatos consideran que esta enmienda no solo resulta injusta sino que, argumentan, no representa ningún ahorro para la Administración, ya que el coste de contratar a alguien en un puesto inferior no se traduce en beneficios. Además, alertaron sobre la pérdida de experiencia que este cambio conllevaría, ya que los nuevos entrantes tendrían que comenzar de cero y podrían ser reemplazados en cuestión de meses, lo que dificulta la continuidad y la estabilidad dentro del servicio.
Victoria Ortiz concluyó señalando que estas restricciones impiden a los funcionarios progresar y desarrollarse profesionalmente, advirtiendo que la enmienda se aprobará sin negociación. "No es un avance, es un retroceso", afirmó contundente.
Finalmente, los sindicatos se levantaron de la Mesa Sectorial de personal funcionario en señal de protesta, argumentando que las medidas del Gobierno sólo generarán una disminución en la calidad del servicio y eficiencia. Fabra enfatizó su compromiso con la instauración de una carrera profesional justa, donde los méritos y capacidades sean los criterios fundamentales para la promoción de los empleados públicos.