TOLEDO, 16 de octubre. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado su descontento hacia el Gobierno central, acusándolo de llevar más de una década sin una solución clara en materia de financiación autonómica. Durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, que se lleva a cabo en las Cortes, enfatizó que no tolerará privilegios que vulneren la igualdad de todos los ciudadanos españoles.

García-Page utilizó una expresión contundente: “once años mareando papeles y discutiendo sin llegar a conclusiones”. Esta declaración resuena en el contexto del prolongado estancamiento en el que se encuentra la negociación sobre la financiación de las comunidades autónomas, un tema que, según él, debe ser abordado con seriedad y sin dilaciones.

El presidente dejó claro que su postura es firme: “No aceptaré, bajo ningún concepto, condiciones que desvíen del régimen común que aplica a todos los españoles”. Asimismo, expresó que no permitirá que la situación se maneje como un juego político, advirtiendo que estará atento para alzar la voz en caso de detectar maniobras engañosas por parte del Gobierno.

“Se actúa con seriedad o no se actúa en absoluto”, subrayó. García-Page destacó la importancia de cumplir con las normas y los tiempos establecidos para la aprobación de los presupuestos, un aspecto esencial para el buen funcionamiento de su administración.

El presidente también hizo hincapié en la sospecha de que la demora en la discusión sobre financiación autonómica podría estar beneficando a ciertos actores. “Si alguien está sacando provecho de estos retrasos, es evidente que no todos están perdiendo”, comentó, subrayando la necesidad de transparencia en el proceso.

Sobre las intenciones del Gobierno, García-Page manifestó su escepticismo, afirmando que no cree que haya un verdadero deseo de acuerdo con una base sólida. Para él, esta situación es crucial, pues está en juego el futuro y la viabilidad de su comunidad autónoma.

Por último, hizo referencia al incremento en los ingresos del Estado, señalando que estos han aumentado de manera desproporcionada en comparación con las comunidades autónomas. Criticó la “enorme deuda” acumulada por el Gobierno central con las regiones, aludiendo a la falta de compensaciones adecuadas ante el crecimiento evidente de los ingresos públicos.