CIUDAD REAL, 15 de diciembre. El Gobierno local de Ciudad Real ha salido al paso de la situación que rodea la trágica muerte de un bebé el pasado viernes, indicando que los Servicios Sociales han comunicado en varias ocasiones a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la difícil situación que atravesaba la familia implicada, cuyos padres han sido detenidos por su presunta relación con el fallecimiento del menor.

Guillermo Arroyo, portavoz del equipo de Gobierno municipal, explicó en una rueda de prensa que el Ayuntamiento había remitido a la administración autonómica la solicitud de la abuela materna, quien deseaba hacerse cargo de la custodia de los menores, así como los informes elaborados por los profesionales de los Servicios Sociales en torno a la situación de la familia, que incluía a otros dos hijos de la madre provenientes de una relación anterior.

Arroyo añadió que, a pesar de los múltiples llamamientos realizados, la Junta siempre respondió de manera similar, argumentando la necesidad de ofrecer "una nueva oportunidad" a los padres del bebé antes de tomar cualquier medida más drástica.

El portavoz dejó claro que, aunque el Ayuntamiento no puede tomar decisiones vinculantes sobre la tutela de los menores, sí tiene la responsabilidad de alertar y poner en conocimiento de la Junta las situaciones críticas que detectan sus profesionales en el ámbito social.

El Ayuntamiento, en el marco de sus funciones, ha mantenido un seguimiento constante del caso, remitiendo toda la documentación relevante a la Junta, incluidas las solicitudes de la abuela y los informes de los trabajadores sociales.

Los padres del infante que perdió la vida están actualmente en atención judicial, a la espera de declarar ante el juez, quien se encargará de determinar el grado de responsabilidad de los progenitores en el fallecimiento del niño.

Por su parte, Bárbara García, consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, instó a la cautela durante un acto en Socuéllamos, subrayando que es fundamental esperar a los resultados de la investigación judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario.

La consejera informó que los servicios sociales autonómicos habían estado trabajando con la familia durante varios años, estableciendo un seguimiento continuo y manteniendo una comunicación cercana con el ámbito familiar y, en especial, con la abuela materna.

García reconoció la profundidad del impacto que ha dejado este trágico suceso y afirmó que se espera que la investigación judicial progrese para arrojar más claridad sobre lo ocurrido.