La provincia de Cuenca está nuevamente en el centro de atención debido a un caso de gran impacto social. Este lunes se ha iniciado el juicio de J.E.M., quien es acusado del homicidio de su esposa, O.E.M., en un trágico incidente que tuvo lugar en Tarancón en 2022, presuntamente frente a sus hijos.

Durante la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial, la defensa de J.E.M. ha solicitado su absolución, argumentando que las acusaciones de la Fiscalía son infundadas. Según el equipo legal del acusado, fue O.E.M. quien en realidad ejerció control sobre su vida y recursos, y no al revés, tal como sostiene la parte acusadora. La defensa alega que J.E.M. actuó en estado de "enajenación mental" durante el altercado que desembocó en la muerte de su esposa, sosteniendo que se trataba de un caso de defensa propia en un contexto de conflicto familiar.

Asimismo, los abogados del acusado indican que, en caso de que se considere que efectivamente hubo un delito, este debería calificarse como homicidio y no como asesinato. También han solicitado al tribunal que no se apliquen agravantes de género en su declaración de culpabilidad y que se reconozcan atenuantes como la dilación del juicio y la confesión del acusado tras los hechos.

Por el contrario, la parte acusadora ha presentado un relato desolador sobre la víctima, señalando que O.E.M. no tuvo la oportunidad de defenderse en el momento del ataque. Además, sostienen que el acusado mostró insensibilidad al contactar a la familia de la víctima después del crimen, presumiendo que cumpliría poco tiempo de prisión gracias a la legislación vigente, lo que añade un elemento de desprecio a la gravedad de la situación.

En el juicio, un jurado popular compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres será el encargado de decidir el veredicto sobre J.E.M. Si es hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 28 años de prisión, desglosada en 25 años por homicidio y tres años adicionales por lesiones relacionadas con el caso, tal como ha solicitado la acusación. La sociedad espera con atención el desarrollo de este juicio, que no solo afecta a los implicados directos, sino también a las comunidades que abogan por la justicia en casos de violencia doméstica.