CUENCA, 21 de enero.

En un caso que ha capturado la atención de la opinión pública, A.E.A. se enfrenta a graves acusaciones por la posible detención ilegal de su esposa en Tarancón, además de ser acusado de lesiones, amenazas y delitos contra la integridad moral. En la reciente audiencia en la Audiencia Provincial, A.E.A. defendió su posición argumentando que su esposa, identificada como B., poseía llaves de su hogar en el momento en que solicitó la intervención policial para su rescate, alegando que él la había confinado en su vivienda.

El acusado, natural de Tarancón, relató que contrajo matrimonio con su exesposa en Marruecos en 2022 a través de un acuerdo familiar. Según su versión, B. se mudó con él a Tarancón en junio de 2024 y al principio todo transcurrió con normalidad hasta que comenzaron las discusiones, originadas, según él, por el deseo de su esposa de tener hijos, un tema que A.E.A. consideraba prematuro debido a sus gastos actuales.

En su declaración en el tribunal, A.E.A. rechazó las acusaciones que lo implican en expresiones despectivas hacia su esposa y negó haberle impedido aprender español. Además, desmintió haberla amenazado con echarla de casa, así como cualquier forma de violencia física.

Sobre el incidente que llevó a su arresto, el acusado argumentó que su esposa tenía acceso a las llaves y que incluso existían copias disponibles en su hogar. Al ser cuestionado sobre la intervención de la Guardia Civil y los bomberos, se mostró confuso y no supo explicar por qué fue necesaria su actuación.

La víctima, quien testificó con la asistencia de una traductora, ofreció una versión contundente en contraste con la de su esposo. Detalló que en su hogar las discusiones eran frecuentes y que A.E.A. la menospreciaba con frases como "no vales para nada". También afirmó que le prohibía mantener amistades e impedirle aprender español.

B. reconoció su deseo de formar una familia, añadiendo que la reacción de su esposo ante su deseo de tener hijos era de calma. Sin embargo, relató un episodio en que A.E.A. la empujó y la amenazó con no renovar sus documentos, dejándola en una situación vulnerable.

Respecto al supuesto encierro, la denunciante afirmó que contaba con una copia de las llaves, pero un mes antes del incidente, su esposo se las había quitado. Esto le imposibilitó salir cuando él no estaba en casa, ya que temía no poder regresar.

La mujer lamentó que, en el mes previo, su marido había dejado de proveer alimentos en el hogar. Días antes de su solicitud de ayuda, decidió ir a comprar algo, dejando la puerta entreabierta, lo que despertó la sospecha de que, al notar su ausencia, su esposo reaccionó asegurando la entrada.

En respuesta a la defensa, B. indicó que había estado tres días sin comer antes del incidente y que estuvo encerrada durante dos horas.

Durante el proceso judicial, testimonios de la Policía Local y la Guardia Civil confirmaron que recibieron la llamada de auxilio de la víctima y participaron en su rescate, realizando la operación a través del balcón del domicilio.

El abogado defensor pidió la nulidad del procedimiento, argumentando que no se respetó el derecho a una tutela judicial efectiva y que no se le informó adecuadamente sobre las acusaciones en su contra. Según su versión, A.E.A. fue presentado como sospechoso simplementa por un delito de malos tratos, sin detallar las graves imputaciones que enfrenta.

La seriedad de la acusación de detención ilegal podría acarrear una condena de hasta diez años de prisión para el acusado, quien se enfrenta así a un arreglo judicial que podría cambiar el rumbo de su vida.