ALBACETE, 19 de enero. Recientemente, el sindicato CCOO ha celebrado una decisión judicial favorable, tras el veredicto del Juzgado de lo Social número 3 de Albacete, que ha reconocido en parte la denuncia presentada por una profesora que sufrió una agresión física en su lugar de trabajo. Esta situación pone de manifiesto la falta de un protocolo adecuado en la región de Castilla-La Mancha para abordar las agresiones a los educadores.

Según el comunicado del sindicato, la agredida afrontó una situación violenta cuando varios alumnos se involucraron en una pelea durante el recreo de su centro escolar, lo que resultó en lesiones que requieren atención médica y han dejado secuelas permanentes. Como consecuencia de esta falta de medidas de seguridad, tanto la administración educativa como la aseguradora han sido condenadas a indemnizar a la docente con cerca de 30.000 euros.

Los hechos demuestran que el 14 de enero de 2022, durante un intento de separar a los estudiantes en conflicto, la docente sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha y otros daños en el cuerpo. Junto a sus heridas físicas, también ha desarrollado un trastorno de adaptación que incluye síntomas de ansiedad severa y depresión, todo ello derivado del episodio de agresión sufrido.

Tras ser evaluada y declarada apta para trabajar con ciertas restricciones, la docente se reincorporó a su puesto el 1 de junio de 2023. Sin embargo, en vista de las circunstancias que rodearon su agresión, decidió presentar una demanda exigiendo una compensación económica por la falta de medidas de protección efectiva en su entorno laboral.

La resolución judicial resalta que la administración educativa no contaba con un protocolo específico para prevenir y actuar frente a situaciones de violencia contra los docentes, ni tampoco hay procedimientos adecuados en el contexto de los centros educativos de la región. Se sostiene que los documentos existentes, como el decreto de Convivencia Escolar o la Guía de prevención ante conductas disruptivas, no cumplen con las necesidades necesarias para abordar esta problemática grave.

De este modo, se constata que la ausencia de protocolos claros dirige a una "deficiencia estructural" en el sistema educativo de Castilla-La Mancha, lo que se alinea con las demandas que ha venido planteando CCOO en el marco de la negociación colectiva. Esta situación ha sido reafirmada en el Acta de la Mesa Sectorial de Personal Docente, donde se hace un llamado a la elaboración urgente de los mencionados protocolos, tal como se ha implementado en otras comunidades autónomas españolas.

Además, el fallo judicial concluye que la demandante sufrió un accidente laboral sin haber recibido la formación e información necesaria para actuar adecuadamente en caso de agresiones, lo que implica una violación de las normativas de seguridad y salud laboral que deberían ser cumplidas por la Consejería de Educación.

La docente solicita compensación por los 503 días en los que estuvo incapacitada, así como por las pérdidas económicas generadas y el sufrimiento emocional ocasionado por la disminución de su calidad de vida a causa de las lesiones, aunque su incapacidad permanente no ha sido reconocida en un grado parcial.

Finalmente, el tribunal ha dado lugar a la demanda, ordenando a la Consejería de Educación y a la aseguradora que le pague 3.000 y 25.691 euros respectivamente. Esta decisión, aunque no es definitiva y puede ser apelada, tiene un significado importante para CCOO, ya que valida las reivindicaciones planteadas en las Mesas Sectoriales y destaca la efectividad de la acción sindical en pro de un entorno laboral más seguro.

A raíz de esta sentencia, CCOO hace un llamado a la Consejería de Educación para que implemente medidas concretas, incluyendo la creación inmediata de protocolos para gestionar agresiones en el ámbito educativo, una intervención proactiva ante incidentes, y la coordinación con autoridades pertinentes, así como el brindis de apoyo integral a las víctimas de agresiones.