MADRID/TOLEDO, 22 Mar.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, reveló que en 2023 se tramitaron un total de 35.603 expedientes, lo que representa un incremento de 4.151 casos respecto al año anterior. Además, se recibieron 34.926 quejas, un aumento de 3.849 quejas con respecto a 2022. Asimismo, se presentaron 389 solicitudes de recursos de inconstitucionalidad y amparo ante el Tribunal Constitucional, incluyendo ocho leyes y decretos estatales y siete leyes y decretos autonómicos. Se iniciaron un total de 288 actuaciones de oficio ante diversas administraciones, 38 más que en 2022. Un total de 37.752 ciudadanos fueron atendidos personalmente, siendo 36.572 a través de llamadas telefónicas y 1.180 de manera presencial.

En cuanto a Castilla-La Mancha, las quejas emitidas desde la región ascendieron a 1.499, mostrando un aumento del 14,07% en comparación con 2022, cuando se reportaron 1.314 quejas.

Estos expedientes resultaron en la emisión de 2.366 resoluciones dirigidas a diferentes administraciones, tanto estatales, autonómicas como locales. De estas resoluciones, 668 fueron recomendaciones, 987 fueron sugerencias, 708 fueron recordatorios de deberes legales y 3 fueron advertencias.

En la presentación del Informe anual de la actividad de la institución en 2023, Ángel Gabilondo enfatizó la importancia de este informe como un reflejo de la situación de los derechos fundamentales a partir de las quejas recibidas y de las actuaciones de oficio realizadas. Señaló que es un verdadero termómetro de la sociedad española y destacó la necesidad de que las administraciones no descuiden los servicios públicos esenciales y la sanidad.

Gabilondo subrayó que las administraciones deben priorizar estos servicios y no desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación, ya que son fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que los procesos de digitalización en las administraciones sean compatibles con la asistencia presencial, especialmente para aquellos que no son nativos digitales o que enfrentan dificultades para utilizar nuevas tecnologías.

Las quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo en 2023 se centraron en diversos temas como la administración de la Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad. En materia sanitaria, las preocupaciones estaban relacionadas con el aumento de los tiempos de espera para atención especializada, la falta de recursos para atención integral a la salud mental, la saturación de servicios de atención primaria y urgencias hospitalarias, así como las dificultades para acceder a tratamientos de alto coste.

El Defensor del Pueblo emprendió acciones para abordar las dificultades que enfrentan las personas extranjeras para acceder a prestaciones sanitarias, formulando recomendaciones a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. También se abordaron temas como el cribado neonatal y el cribado del cáncer de mama, buscando garantizar una atención integral y eficaz en el sistema de salud.

En el ámbito de la Atención Primaria, se detectaron deficiencias en el funcionamiento de los centros de atención, lo que afecta la calidad de la atención y la proximidad que debe ofrecer este servicio. La institución también señaló un aumento significativo en las quejas relacionadas con las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, reflejando una creciente tensión en la atención especializada a costa del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos.

En 2023, se llevó a cabo un procedimiento para evaluar directamente el funcionamiento de los centros residenciales para personas con enfermedad mental, visitando distintos centros en varias comunidades autónomas. Este enfoque en la atención integral y en la calidad de los servicios de salud refleja el compromiso del Defensor del Pueblo con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.