TOLEDO, 17 de octubre - La situación socioeconómica en Castilla-La Mancha se ha deteriorado, con más de 719.000 personas (34,2% de la población) en riesgo de pobreza y exclusión social en 2024. Este incremento del 2,5% demuestra un preocupante aumento de 58.000 individuos en comparación con 2023, según el indicador europeo Arope, que evalúa la pobreza.

La presidenta de EAPN Castilla-La Mancha, Mar González, junto a su equipo, presentó el XV Informe "El Estado de Pobreza" en una rueda de prensa en la que quedó claro que la región solo es superada por Andalucía en términos de pobreza y exclusión social, donde la cifra asciende al 35,6%.

El informe expone que el aumento de la tasa Arope se debe a la falta de mejora en sus componentes. La población con ingresos por debajo del umbral de pobreza ha crecido 1,8 puntos hasta situarse en el 27,4%, afectando a 576.000 ciudadanos. Además, creció la proporción de hogares con baja intensidad laboral, alcanzando el 10,7% de la población.

En cuanto a las carencias materiales y sociales, que abarcan 13 aspectos de calidad de vida, la cifra se mantiene en un 8,6%. No obstante, siete de esos indicadores han empeorado en el último año, mientras que solo uno ha mostrado mejoría: el relacionado con la capacidad para mantener una vivienda a una temperatura adecuada en invierno, que ha descendido al 19,5%.

Los representantes de EAPN señalaron que más de la mitad de la población en Castilla-La Mancha enfrenta dificultades económicas, un 51,5%, cifra que se mantiene estable, aunque el número de personas que reportan "muchas dificultades" ha subido 3,7 puntos este año, alcanzando el 13,1%.

Asimismo, la tasa Arope afecta por igual a hombres (+2,3 puntos) y mujeres (+2,6 puntos), con una brecha de género de 2,1 puntos. Curiosamente, los mayores de 65 años son el único grupo que mejora sus cifras en comparación con el año anterior.

Por otro lado, la pobreza infantil también ha aumentado, creciendo 4,0 puntos hasta alcanzar el 41,1%, la cifra más alta entre las diferentes franjas de edad. Aunque la tasa de pobreza severa, medida con un umbral del 40% de la media nacional, ha reportado una leve mejora, situándose en 8,6% para 2024.

A pesar de que la renta media por persona creció 445 euros alcanzando los 12.357 euros anuales en 2024, esta cantidad aún se encuentra 2.450 euros por debajo de la media nacional. En el ámbito de la vivienda, se ha observado un cambio lento pero notable en la estructura de tenencia, con un descenso en el número de personas que poseen su vivienda de un 84,5% en 2008 a un 77,2% actualmente.

Durante el último año, el 9,4% de la población experimentó retrasos en el pago de facturas de servicios básicos como la electricidad o el gas, un aumento preocupante de 12 puntos respecto al año anterior, situándose prácticamente en la media nacional de 9,8%.

El EAPN ha destacado que las transferencias estatales, incluidas las pensiones, han logrado reducir la tasa de pobreza de un alarmante 50,3% a un 27,4%. Sin embargo, si solo se consideran las pensiones de jubilación y supervivencia, el porcentaje ascendería al 35,5% en Castilla-La Mancha.

Ante estos datos, los representantes de EAPN han instado a las diferentes administraciones políticas a adoptar un enfoque claro y comprometido para generar un pacto regional que aborde de manera efectiva la pobreza. Alertan sobre el riesgo de que los altos índices de pobreza infantil se traduzcan en adultos empobrecidos en el futuro, señalando que la falta de intervenciones adecuadas perpetúa un ciclo de pobreza estructural.

Además, han exigido una implementación decidida de la segunda estrategia contra la pobreza y la desigualdad en la región, solicitando que la administración tome medidas concretas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Con respecto a políticas en áreas cruciales como vivienda, educación y empleo, han subrayado que, aunque se observa una reducción del desempleo, persiste un alto porcentaje de trabajadores con ingresos insuficientes, lo que se traduce en personas que no logran cubrir sus necesidades básicas.

Finalmente, han hecho hincapié en la necesidad de una reforma fiscal que garantice la justicia social y refuerce el estado de bienestar en Castilla-La Mancha, evidenciando la urgente necesidad de buscar soluciones integrales que aborden esta situación de manera efectiva.