La consejera de Desarrollo Sostenible de Murcia, Mercedes Gómez, ha manifestado su apoyo a la proposición de ley que se presentará en el Congreso este martes, defendida por el presidente regional Fernando López Miras, para preservar el trasvase Tajo-Segura. Sin embargo, ha expresado su sorpresa ante el hecho de que una propuesta de 2023 se active en este preciso momento, cuestionando por qué no fue antes si ya contaban con la aprobación necesaria.

Gómez ha destacado que este momento fue elegido estratégicamente, dado que el Ministerio de Transición Ecológica ha propuesto una modificación de las normas que rigen la explotación del trasvase en la Comisión Central de Explotación. Según ella, estos cambios son inapropiados y, en su opinión, ilegales. Estas declaraciones fueron realizadas en Sigüenza, donde firmó un convenio.

En una conversación con la prensa, la consejera reiteró que su gobierno no se rendirá en la defensa del trasvase. Anunció que en los próximos días se hará pública la propuesta de Real Decreto presentada por el Ministerio, que incluye modificaciones a tres reales decretos adicionales para los años 2025, 2026 y 2027, aunque expresó su descontento con este enfoque por parte de la Junta de Comunidades.

Mercedes Gómez también aludió a un documento oficial que afirma que el trasvase Tajo-Segura contribuye a mantener un ecosistema, específicamente el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Gómez se mostró escéptica, cuestionando dónde está la evidencia de tal afirmación.

La consejera recordó que, salvo en un caso aislado en el que se trasvasaron 2 hectómetros cúbicos de agua para combatir un incendio, no hay pruebas que respalden la idea de que el trasvase beneficia al medio ambiente de la zona.

Asimismo, apuntó que varias sentencias judiciales respaldan la necesidad de preservar los caudales ecológicos del río Tajo, instando a reflexionar por qué no se puede asegurar la salud total del río, lo que considera justo y necesario.

Gómez subrayó que actualmente, con las normativas vigentes, resulta imposible cumplir con los caudales ecológicos requeridos, y expresó dudas sobre si la nueva propuesta que se está considerando realmente solucionará este problema.

La consejera pidió un minucioso análisis técnico del nuevo planteamiento y enfatizó que este tipo de decisiones no deben estar guiadas por ideologías, sino por un enfoque objetivo. Si los ciudadanos de Castilla-La Mancha fueran a decidir con el corazón, habrían preferido que no hubiera trasvases para abastecimiento de otras regiones como Murcia, Almería y Valencia.

Aunque Gómez reconoció que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido el agua para consumo humano, destacó que no está de acuerdo con que esto se traduzca en la riqueza de otros mientras su región se empobrece. Esta es la premisa que seguirá guiando sus esfuerzos junto al Gobierno de España, centrados en el bienestar de los ciudadanos y el respeto al medio ambiente.

La titular de Desarrollo Sostenible aseveró que la estabilidad actual en la explotación de los recursos hídricos se ha logrado a través de argumentos técnicos del Gobierno de Castilla-La Mancha, que demuestran la incapacidad de mantener los caudales del Tajo con las normas anteriores a 2025, así como el daño que se ha hecho al río según varias sentencias.

Además, dejó claro que su administración no se rendirá, pero insistió en que su enfoque debe estar basado en pruebas concretas y las limitaciones que enfrenta su región en comparación con otras que disponen de recursos como el mar y desalinizadoras financiadas por toda España.

Finalmente, Gómez reiteró la urgencia de modificar la normativa, abogando por el establecimiento de un límite de 400 hectómetros cúbicos de extracción de agua, y exigió al Gobierno español que inicie de inmediato los trámites necesarios para la reforma legislativa, destacando que ya es hora de actuar.