En un contexto de gran expectativa política, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación por el hecho de que el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica no sea el foco principal durante la Conferencia de Presidentes que se lleva a cabo en Barcelona. Esta situación podría afectar gravemente las finanzas de la comunidad, especialmente en lo que respecta al reciente anuncio de un incremento de 7.000 millones de euros en el Plan de Vivienda.

El consejero de Fomento castellanomanchego, Nacho Hernando, criticó la distribución de esta propuesta, señalando que mientras el gobierno central estaría incrementando su compromiso financiero en 2,8 ocasiones, las comunidades autónomas tendrían que multiplicar sus aportaciones por siete. Para Hernando, esta discrepancia es "poco seria" y evidencia una falta de planificación adecuada por parte del Estado.

Asimismo, el consejero manifestó su malestar por la rapidez con que se ha presentado esta propuesta, argumentando que debería haberse discutido con mayor antelación. "No tiene sentido que el Estado asuma un 77% del costo y los gobiernos autonómicos un 23%, y ahora se pretenda alterar esta proporción a un 60-40", expuso Hernando, advirtiendo sobre las dificultades que ello conlleva para la sostenibilidad de Castilla-La Mancha.

El escenario actual aparece sombrío, ya que el consejero subrayó que la comunidad no podrá afrontar sus compromisos financieros sin un nuevo marco de financiación autonómica. "Sin esto, será prácticamente imposible avanzar en cualquier área", agregó, insistiendo en que se requiere una revisión integral del sistema.

En un análisis crítico, Hernando argumentó que el actual planteamiento parece más un "experimento" que una solución real, haciendo referencia a la insuficiencia de recursos, al señalar que lo que antes se gestionaba con 17 millones ahora se requiere que ascienda a 112 millones. "Necesitamos claridad sobre de dónde se obtendrán esos recursos", añadió con evidentemente preocupación.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, coincidió en que la financiación autonómica debería ser el tema primordial en las discusiones, resaltando que todas las políticas públicas dependen directamente de las partidas presupuestarias asignadas. "Las comunidades autónomas están enfrentando un sistema de financiación obsoleto que lleva más de diez años sin revisión", sentenció.

Ruiz Molina recordó que el propio García-Page ya había solicitado en una reunión anterior un nuevo modelo de financiación en un plazo máximo de tres meses. En este sentido, se mostró escéptico ante la idea de llevar a cabo negociaciones bilaterales sobre el tema, como en el caso de Cataluña, enfatizando que cada región tiene sus particularidades que deben ser consideradas.

El consejero también abogó por una redistribución equitativa de los recursos, instando a que el Estado aporte más financiamiento a las comunidades autónomas, ya que todas ellas enfrentan carencias significativas. "Hasta que no exista un diálogo serio sobre financiación, resulta complicado implementar políticas públicas que beneficien a los ciudadanos", argumentó, concluyendo con un llamado a la colaboración entre gobiernos.

Desde la consejería de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor se unió a la demanda de más financiación en relación a las nuevas iniciativas presentadas. Destacó que es "fundamental y justo" hablar del marco financiero para poder ejecutar eficazmente todas estas políticas.

Pastor también hizo hincapié en que, para desarrollar adecuadamente el nuevo sistema de calidad propuesto por la reciente ley del sistema universitario, es esencial que los recursos sean proporcionalmente asignados a las comunidades y universidades. En el ámbito de la formación profesional, confía en que la aportación estatal se incrementará para asegurar la solidez de la estructura educativa establecida en años anteriores.