TOLEDO, 16 de enero. Las tensiones entre los principales partidos políticos de la región, PSOE, PP y Vox, han vuelto a manifestarse en el debate sobre la violencia de género. La reciente comisión celebrada en las Cortes de Castilla-La Mancha ha finalizado sin alcanzar una resolución unánime en relación con el informe de la Ley 4/2018, destinada a crear una sociedad libre de violencia machista.

Durante la comisión, la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, presentó el informe correspondiente a 2024. No obstante, solo prosperó la propuesta presentada por el PSOE, mientras que el PP decidió abstenerse, marcando una nueva señal de desavenencia entre las fuerzas políticas.

El partido socialista ha reiterado su rechazo a las iniciativas del PP y Vox, quienes aprovecharon la ocasión para abordar cuestiones más amplias del debate político nacional, incluyendo la financiación autonómica, deficiencias en el uso de dispositivos de control para agresores y la cuestión de la inmigración ilegal.

En su resolución, el PSOE solicitó al Gobierno regional que continúe implementando políticas públicas dirigidas a enfrentar la violencia de género de manera "eficaz y coherente", reafirmando su postura contra cualquier forma de negación de esta problemática. Además, resaltaron que la desinformación sobre la violencia machista dificulta la protección de las víctimas y mina los logros sociales alcanzados.

Asimismo, enfatizaron la importancia de una "unidad institucional y parlamentaria" en la defensa de los derechos de las mujeres y su compromiso de erradicar la violencia de género desde todos los frentes posibles.

Por otro lado, la propuesta del PP, que fue desestimada tanto por el PSOE como por Vox, exigió que altos cargos del Gobierno regional informen al Ministerio Fiscal sobre cualquier comportamiento que pudiera considerarse acoso, incluyendo el acoso sexual. Esto surge en medio de recientes escándalos a nivel nacional dentro del partido.

De esta forma, los 'populares' también propusieron la creación de un protocolo específico para que los altos funcionarios del Gobierno regional actúen ante indicios de acoso o abuso de poder, estableciendo claros deberes de comunicación y activación de mecanismos de protección.

Además, exigieron un sistema de evaluación independiente y periódico de las políticas de igualdad y violencia de género, instando a que los resultados sean presentados ante las Cortes de Castilla-La Mancha para su análisis y posible implementación de medidas correctivas. Asimismo, sugirieron realizar una auditoría de los sistemas de control para la protección de las víctimas de agresiones.

Dentro de sus peticiones, también se incluyó la necesidad de asegurar una financiación adecuada y rápida ejecución de los recursos destinados a los Centros de la Mujer, así como la elaboración urgente de una estrategia integral que busque fomentar el empleo femenino en Castilla-La Mancha, con el fin de reducir el desempleo y la brecha salarial.

A pesar de los puntos en común entre socialistas y populares, ambos partidos coincidieron en rechazar la propuesta presentada por Vox, que aboga por implementar una ley de violencia intrafamiliar y derogar leyes existentes relacionadas con la violencia de género, así como la legislación sobre identidad de género.

Vox también planteó la necesidad de investigar el incremento de agresiones grupales y propuso eliminar programas educativos que fomenten el feminismo y la ideología de género, reflejando así su postura en diversas cuestiones que forman parte de su plataforma política.