La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo al anunciar hoy las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2026. Estas normas buscan reforzar el apoyo a los servicios fundamentales que sustentan el Estado del Bienestar, fomentar la actividad económica y abordar el desafío demográfico en una región que enfrenta momentos de gran incertidumbre a nivel global.

La orden que rige este proceso, firmada por Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, también delega en la Dirección General de presupuestos la responsabilidad para definir la estructura y el procedimiento de elaboración de las cuentas, así como la documentación adicional necesaria y los plazos de presentación.

El Ejecutivo regional ha destacado que los presupuestos del próximo año se diseñarán con el objetivo de gestionar adecuadamente la política económica y social, enfocándose en mantener una red eficaz y de alta calidad de servicios públicos, al tiempo que se busca atender las demandas del sector productivo y contribuir a la generación de empleo en la comunidad.

Además, será fundamental que la asignación de recursos responda a las políticas estratégicas que abordan el reto demográfico, impulsando la permanencia de la población y la creación de nuevas oportunidades económicas, así como fomentando iniciativas de emprendimiento y garantizando la igualdad de acceso a derechos y oportunidades en las zonas rurales afectadas por la despoblación.

Las cuentas también incorporarán un análisis integral que considerará cuatro aspectos clave: la perspectiva de género, la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el bienestar de la infancia y las estrategias para combatir la despoblación. El objetivo final es evaluar el impacto de las políticas presupuestarias y adoptar las medidas correctivas necesarias para potenciarlas.

Por último, es importante resaltar que la elaboración de los Presupuestos de 2026 se basará, en un principio, en el marco presupuestario vigente, ajustándose posteriormente cuando se definan las nuevas reglas fiscales y otros elementos que garanticen la estabilidad económica. Las normas establecidas deberán insertarse dentro de un marco de medio plazo que cumpla con los límites de gasto no financiero definidos por la legislación de estabilidad presupuestaria.