El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reiterado su apoyo a los planes del Gobierno en relación con Cataluña en términos de financiación, los cuales se basan en un "concierto en toda regla". Sin embargo, aún quedan por determinar algunos detalles como la cantidad que Cataluña aportará a las arcas del Estado.
Durante una rueda de prensa, Ruiz Molina ha comentado de manera irónica la propuesta catalana de crear un "fondo de solidaridad", calificándola de "graciosa".
Para el consejero castellanomanchego, lo planteado por Cataluña se traduce en un claro privilegio para esta región, estimando en 30.000 millones de euros la cantidad que el Estado dejará de recibir de Cataluña.
La posible inconstitucionalidad de este acuerdo que el Gobierno está tratando de cerrar con ERC genera dudas en Ruiz Molina, quien subraya la importancia de aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica, incluyendo un fondo de compensación para aquellas regiones que realmente están infradotadas, como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
A pesar de que Cataluña también reclama recibir una cantidad acorde a lo que le corresponde, Ruiz Molina considera que el preacuerdo entre el PSC y ERC se basa en premisas falsas, ya que según él, esta región recibe lo que le corresponde según las normas vigentes.
El consejero de Hacienda regional aboga por un sistema de redistribución de la riqueza que tenga en cuenta elementos como la población o su densidad para la prestación de servicios públicos, rechazando la idea de que una región reciba más fondos por aportar más que otras, algo que considera "regresivo".
En caso de que la estrategia fiscal en Cataluña prospere, Ruiz Molina cree que el Consejo de Política Fiscal y Financiera perderá relevancia en España, ya que lo que se decida dependerá de los intereses de los catalanes. "Ellos determinarán cómo se financiará el resto del país", puntualizó.
Por último, el consejero destaca la falta de solidaridad que plantean las demandas fiscales en Cataluña, advirtiendo que si se llevan a cabo, se fragmentará la riqueza del país, la cual debería estar subordinada al interés general.
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