Campillo de Ranas, sin secretario y sin poder inscribir bodas por crisis administrativa
El municipio de Campillo de Ranas, en Guadalajara, enfrenta una grave parálisis administrativa tras la falta de un secretario municipal. La carencia ha provocado que el Ayuntamiento permanezca cerrado y que no puedan registrarse oficialmente los matrimonios celebrados en el pueblo, conocido por su tradición de enlaces matrimoniales.
El alcalde, Francisco Maroto, explica que esta situación impide tramitar certificados de defunción, nacimientos o divorcios, afectando gestiones esenciales para los vecinos. La dependencia del juzgado de paz de Yunquera de Henares, que se niega a desplazarse, agrava el problema. La falta de medios y conocimientos técnicos limita la gestión de los expedientes y la manipulación de los libros oficiales.
Las consecuencias son graves: retrasos en pagos de nóminas, pérdida potencial de subvenciones, y bloqueo de proyectos públicos. La situación genera un desgaste emocional y político en el alcalde, quien denuncia un "abandono institucional" y la falta de respuestas de las administraciones superiores, como la Diputación Provincial y el Ministerio de Justicia.
El alcalde, con décadas en el cargo, expresa su cansancio y la sensación de estar solo ante una crisis que afecta también a la confianza de los vecinos. La decisión de no presentarse en futuras elecciones refleja su agotamiento y el impacto emocional que le causa mantener el municipio en funcionamiento sin apoyo suficiente.
Este caso no es aislado. La problemática refleja la vulnerabilidad de muchas pequeñas localidades en zonas rurales de Castilla-La Mancha, donde la falta de recursos y personal en la administración pública pone en riesgo la prestación de servicios básicos y la gestión de la vida civil. La situación requiere medidas urgentes para evitar que otros municipios afronten crisis similares en el futuro.
El escenario actual pone sobre la mesa la necesidad de reformar los sistemas administrativos en municipios rurales, garantizando recursos y personal para mantener la operatividad. La solución a largo plazo pasa por reforzar la estructura institucional y mejorar la coordinación entre administraciones para evitar que casos como este se repitan y deterioren aún más la confianza institucional.