Castilla-La Mancha fija servicios mínimos del 112, residencias y centros educativos ante la huelga del 11 de noviembre

La Junta de Castilla-La Mancha ha establecido servicios mínimos en el Servicio de Atención de Urgencias 112, las residencias universitarias y los centros de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos, de cara a la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Las resoluciones, dictadas por las consejerías de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y de Educación, Cultura y Deportes, se han publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En el caso del 112, la Administración lo considera un servicio esencial, al tratarse de la principal vía de acceso a los servicios públicos de urgencias, emergencias y seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año. Según el texto, el servicio funcionará con el 80 por 100 de su personal contratado en la sala de coordinación y con el 50 por 100 del personal de estructura.

En cuanto a la vigilancia de los edificios públicos, la resolución invoca la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que define esta actividad como una medida de anticipación y prevención complementaria a la seguridad pública. El criterio aplicado ha sido fijar, sobre la plantilla que habitualmente presta el servicio, los mínimos imprescindibles, con un enfoque restrictivo conforme a la jurisprudencia sobre la limitación del derecho de huelga frente a los derechos a la salud y a la vida.

En las residencias universitarias, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes prevé que las que tengan servicio de comedor cuenten con un director o responsable de centro por provincia, un cocinero o ayudante de cocina, un trabajador de limpieza y un ordenanza. Las que no dispongan de comedor mantendrán un director o responsable por provincia y un ordenanza. El objetivo declarado es garantizar la atención al alumnado interno y el orden mínimo de las instalaciones.

Respecto a los centros de enseñanza no universitaria, la resolución advierte de que una huelga sin prestación mínima del servicio «podría generar graves perjuicios al derecho de la educación del alumnado». La Consejería sostiene que la educación no se reduce a la actividad docente, sino que incluye la vigilancia, los comedores y el cuidado de los menores, especialmente de quienes tienen necesidades especiales. Según el departamento, el cierre de los centros también podría afectar al derecho al trabajo de las familias y de quienes no secunden la huelga.

Para fijar estos mínimos, la Administración asegura haber tenido en cuenta criterios jurisprudenciales como la extensión territorial y personal de la huelga, su duración y la naturaleza de los derechos afectados, buscando una proporción razonable entre los sacrificios de los huelguistas y los de los usuarios. En los centros educativos, el criterio diferenciador ha sido la edad, el número y las características del alumnado, de forma que la plantilla sea la imprescindible y en ningún caso impida el desarrollo normal de las clases. Educación añade que, de producirse un seguimiento masivo, la coherencia exigiría cerrar los centros para no poner en riesgo la convivencia y la vida del alumnado.