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Cultura 15 de Septiembre de 2026 · 16:03h 2 min de lectura

Castilla-La Mancha debe devolver 22.510 euros en ayudas a salas de cine por no ejecutarlas en 2025

El Instituto de la Cinematografía y las Artes Visuales (ICAA) ha reclamado a Castilla-La Mancha la devolución de 22.510 euros en ayudas destinadas a salas de cine. La razón es que estas ayudas no fueron ejecutadas en el ejercicio 2025, como se había establecido inicialmente.

Este requerimiento forma parte de una decisión del Ministerio de Cultura, que modificó los criterios de distribución de fondos tras un cambio de interpretación por parte de la Intervención General de la Administración del Estado. La medida afecta también a otras comunidades, en un contexto donde las ayudas para la promoción del cine en salas continúan en vigor en 2026 con una dotación de 8,5 millones de euros.

Desde el sector cinematográfico consideran que esta medida supone un perjuicio para las salas de cine que cumplieron con los plazos establecidos. Argumentan que las condiciones iniciales solo exigían la convocatoria de las ayudas antes de finalizar 2025, y que no se especificaba la necesidad de que las ayudas estuvieran concedidas en ese mismo ejercicio.

En un contexto político, la decisión refleja tensiones entre diferentes órganos administrativos y la interpretación de la normativa presupuestaria. La modificación de criterios por parte de la Intervención General responde a una revisión de cumplimiento legal, pero genera incertidumbre en el sector cultural. La comunidad autónoma afectada, Castilla-La Mancha, se enfrenta a un posible impacto en su política de apoyo a la cultura y la cinematografía local a corto plazo.

De cara al futuro, la situación plantea una reflexión sobre la gestión de fondos públicos en el ámbito cultural y la necesidad de establecer criterios claros y estables. La comunidad deberá decidir si impugnar la reclamación o buscar soluciones que aseguren la continuidad del apoyo a las salas de cine en los próximos ejercicios. La resolución de este conflicto será un indicador de cómo se equilibran las cuestiones jurídicas con las políticas culturales en el contexto estatal.

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