Castilla-La Mancha prepara una Ley de Calidad Ambiental que unifica autorizaciones y refuerza la inspección
El Gobierno regional avanza en una Ley de Calidad Ambiental que unifica autorizaciones, simplifica trámites y regula el control de la atmósfera y los purines.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental, que el Ejecutivo regional prevé aprobar como proyecto de ley en las Cortes durante el primer trimestre de 2027. El texto reordena en un solo marco la normativa ambiental autonómica y busca alinearla con la legislación europea y estatal.
El anteproyecto debe pasar ahora por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que emitirá el dictamen preceptivo antes de su remisión a la cámara legislativa. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha presentado la norma como una herramienta para reducir cargas administrativas sin rebajar las garantías ambientales.
Uno de los puntos centrales es la creación de la Autorización Ambiental Unificada. Este instrumento permitirá tramitar en un único expediente y con una sola resolución procedimientos que hasta ahora seguían cauces separados, como los vinculados a la gestión de residuos y a las emisiones atmosféricas. La medida busca acortar plazos y eliminar duplicidades entre administraciones.
La ley incorpora además nuevas figuras de simplificación, entre ellas las consultas preliminares, la renovación de determinadas autorizaciones mediante declaración responsable y procedimientos abreviados para actividades concretas. Son cambios que afectan directamente a ayuntamientos, empresas y explotaciones con incidencia ambiental.
En el terreno del control, el texto refuerza la vigilancia e inspección y crea por primera vez un régimen sancionador específico para ámbitos que carecían de él, como los organismos de control de la atmósfera, la gestión de estiércoles en explotaciones porcinas o las zonas vulnerables a nitratos. Asimismo, revisa la clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves y actualiza las cuantías. La consejera ha subrayado que el objetivo es prevenir más que sancionar, en colaboración con las organizaciones agrarias.
Por último, el anteproyecto se ha elaborado tras un proceso amplio de consulta que incluye información pública, informes de consejerías, entidades locales y agentes sociales. En cuanto a las zonas de bajas emisiones, la competencia para definirlas corresponde a los municipios, mientras que la comunidad autónoma asumirá la función de comprobar su cumplimiento. Si la ley sale adelante en 2027, Castilla-La Mancha tendrá por fin un marco propio para ese control, hasta ahora inexistente.