El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, ha decidido archivar la causa que pesaba sobre las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valdepeñas, específicamente sobre las empresas Félix Solís y García Carrión, debido a las acusaciones de comercialización de vinos que, supuestamente, no cumplían con los requisitos necesarios para ser etiquetados como crianza, reserva o gran reserva.

En un auto emitido y recogido por Europa Press, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 4 expone que la falta de control administrativo y la desorganización de todos los actores involucrados en el sector, incluidos productores y entidades certificadoras, junto a la Administración Pública, ha complicado la posibilidad de determinar si realmente se han vendido vinos de calidad inferior a la que se indica en las etiquetas.

Calama señala que esta aparente "relajación", ya sea por intereses personales o no, dentro de la cadena de producción y supervisión ha llevado a un esquema donde el control es más formal que efectivo. Advierte que cualquier sanción que se derive de estos hechos debería ser tratada en el ámbito administrativo o civil, recordando que, según la Fiscalía, no es posible fundamentar una acusación sólida basándose en meras suposiciones, por muy firmes que estas parezcan.

A pesar de archivar la causa, el juez ha decidido informar a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha sobre los hechos para que se tomen las medidas administrativas pertinentes. Es relevante recordar que esta investigación comenzó en abril de 2021 tras una denuncia presentada por la Fiscalía por delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental, que afectaba a cuatro bodegas de Valdepeñas y sus respectivos administradores, incluyendo a Félix Solís y García Carrión, además de las bodegas Fernando Navarro y Fernando Castro.

En octubre de 2023, se decretó el sobreseimiento provisional para las últimas dos bodegas y se decidió avanzar con el procedimiento contra las entidades certificadoras Sohicert SA y Liec Agroalimentaria SL, reconociéndolas como colaboradoras necesarias. En el caso específico de Félix Solís, el magistrado había considerado previamente que esta entidad había comercializado vinos tintos de la DOP Valdepeñas bajo las menciones de crianza, reserva y gran reserva en cantidades significativamente mayores a las que había reportado al Consejo Regulador, durante los años 2017, 2018 y 2019.

Asimismo, en el caso de García Carrión, se argumentó que tanto la documentación presentada como la obtenida a través del Consejo Regulador sugerían que esta empresa también había comercializado vinos tintos de la misma denominación sin cumplir con los requisitos de envejecimiento necesarios ni en barrica de roble ni en botella.

No obstante, el juez Calama enfatiza que tras realizar una serie de diligencias, no se ha podido establecer que las irregularidades observadas en las actividades de los operadores del sector vinícola sean constitutivas de delitos como publicidad engañosa o estafa. Entre los llamados a declarar como investigados, se encontraban figuras destacadas, como los presidentes de las bodegas García Carrión y Félix Solís.

El magistrado aclara que, en referencia al delito en cuestión, uno de los elementos fundamentales, que consiste en causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, no se presenta de manera suficiente según las investigaciones realizadas, lo que impide que los hechos sean encuadrados en este tipo penal. En lo que respecta al delito de estafa, Calama señala que las diligencias concluyeron que no existía un engaño sólido que justifique el procesamiento de los investigados en este contexto.