ALBACETE, 10 Ene.

El día de hoy, en la Audiencia Provincial de Albacete, se ha iniciado el juicio contra dos individuos, F.M. e I.F., quienes enfrentan cargos por el homicidio de un anciano en la localidad de Alborea. Este trágico suceso, que ocurrió en 2014, tuvo lugar durante un intento de robo en el hogar de la víctima, por lo que el Ministerio Público solicita un total de 18 años de prisión: 15 años por homicidio y tres años por un intento de robo con violencia.

Tras la selección del jurado popular, las partes implicadas han presentado sus argumentos iniciales. A lo largo de la próxima semana, se llevarán a cabo las presentaciones de pruebas, testimonios y el interrogatorio de los acusados, todo ello a la espera de una resolución judicial que defina el destino de los procesados.

Las defensas de ambos acusados han solicitado la absolución, argumentando que los hechos expuestos por las acusaciones no reflejan la realidad de lo ocurrido. En particular, el abogado de F.M. ha cuestionado la acusación de robo, señalando que resulta imposible demostrar que se sustrajo algo de la casa, que estaba en un estado de desorden extremo debido a que su propietario padecía el síndrome de Diógenes.

Por su parte, el abogado de I.F. ha exhortado al jurado a fundamentar su decisión en pruebas concretas, instándoles a evitar que personas inocentes sean condenadas injustamente. Les ha recordado la importancia de escuchar a los testigos y valorar rigurosamente las evidencias presentadas.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, quien lidera el caso, ha sostenido que los acusados se desplazaron a Alborea con la intención explícita de perpetrar un robo. Según sus declaraciones, eran conscientes de que la víctima, un hombre de 70 años que vivía solo y era recluso, poseía dinero en efectivo fruto de la venta de tierras.

El fiscal detalló que F.M. e I.F. accedieron a la vivienda de la víctima, J.Ñ.V., la noche del 11 de noviembre de 2014, utilizando el patio colindante sin ningún tipo de autorización. Al encontrarse con el anciano dentro, le propinaron una brutal golpiza que resultó en múltiples contusiones y fracturas. Lo dejaron abandonado, lo que provocó que falleciera entre 12 y 72 horas después del ataque, un hecho que el fiscal calificó como un manifiesto desprecio por la vida de la víctima.

El fiscal hizo hincapié en el arduo proceso de investigación realizado por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se extendió por más de ocho años. Esta investigación se activó inmediatamente después del homicidio, cuando el sobrino de la víctima encontró el cadáver tras las preocupaciones de los vecinos por la ausencia del anciano en el pueblo.

Entre las pruebas más significativas presentadas en el juicio se encuentran restos de ADN de I.F. hallados bajo las uñas de la víctima, así como el testimonio de un testigo que los vio abandonar el lugar en la noche de los hechos. Respecto al robo, el fiscal subrayó que, aunque la intención del delito está clara, el estado de la vivienda y la falta de información sobre su contenido hacen imposible determinar qué podría haberse sustraído.

La Fiscalía solicita que se impongan 15 años de prisión por homicidio, tres años más por el intento de robo, además de seis años de libertad vigilada una vez cumplida la condena y el pago de 90.000 euros en indemnización a la hermana del fallecido. La parte acusadora, representada por el letrado de la familia de la víctima, reclama igualmente un total de 14 años de cárcel, ocho años de libertad vigilada y 120.000 euros por ambos delitos.

El Ministerio Público sostiene que la víctima era un blanco de un crimen meticulosamente planificado, y que, tras un encuentro con los acusados, el anciano los reconoció, lo que derivó en su asesinato, busca que, según el fiscal, era el objetivo primario de los acusados.

Además, la acusación particular ha insistido en que F.M. e I.F. son individuos con un historial de robos a lo largo del territorio español y que su identificación fue posible gracias a un exhaustivo proceso de investigación llevado a cabo por médicos forenses y agentes de la Guardia Civil.

F.M. e I.F., de 39 y 49 años y originarios de Rumanía, fueron arrestados en el Reino Unido y en Rumanía en noviembre de 2022 como parte de la operación Avalon. Este operativo implicó la colaboración de la Interpol y las fuerzas de seguridad británicas y rumanas, culminando en su extradición y posterior presentación ante el Juzgado de Instrucción de Casas Ibáñez, donde quedaron en prisión provisional sin opción a fianza.