Según informaciones recientes, se ha revelado que una organización criminal ha percibido alrededor de 19 millones de euros desde 2021 gracias a la gestión ilegal de residuos en España, donde se estima que depositan anualmente unas 40.000 toneladas de desechos.

En Madrid, el 14 de enero, se dio a conocer que la Guardia Civil, bajo los auspicios de la Operación 'Rifiuti', ha llevado a cabo la detención e investigación de 15 individuos y siete empresas vinculadas a una trama internacional dedicada al tráfico ilegal de residuos urbanos.

Los investigados enfrentan graves acusaciones, que van desde la pertenencia a una organización criminal, hasta delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como falsedad documental. Las pruebas indican que sus ingresos provienen de empresas italianas encargadas del tratamiento de residuos, las cuales les habrían pagado para deshacerse de ellos sin seguir los protocolos adecuados.

Las indagaciones se iniciaron tras la detección de residuos que ingresaban al país con documentación que podría ser falsa, destinados a vertederos sin el tratamiento correspondiente. Se ha documentado que toneladas de desechos urbanos, incluidos residuos peligrosos y tóxicos, eran vertidos sin control en localidades de Tarragona y Cuenca, todos ellos de origen italiano.

Las pesquisas revelaron una red de empresas interrelacionadas en Cataluña y Castilla-La Mancha que estaban involucradas en el comercio de residuos provenientes de Italia. En lugar de procesar adecuadamente estos desechos, los camiones que llegaban a sus instalaciones eran dirigidos sin más a los vertederos, lo que supone un grave incumplimiento de las normativas ambientales vigentes. Desde 2021, estas prácticas han resultado en la acumulación de más de 40.000 toneladas de residuos en vertederos españoles de manera ilegal.

Lo más alarmante es que, aunque estas empresas italianas eran supuestamente responsables de la correcta gestión de sus residuos, optaron por desviarlos a España con el fin de reducir costos, generando ingresos millonarios sin contemplar las repercusiones legales. Desde el 2021, la organización criminal en cuestión habría acumulado más de 19 millones de euros gracias a estos fraudes en la gestión de residuos.

La Guardia Civil insistió en que estas acciones van en contra de la legislación nacional e internacional relacionada con la protección del medio ambiente. La normativa subraya que cada país debe hacerse cargo de sus propios residuos, y en este caso, Italia tiene la responsabilidad de manejar los desechos generados en su territorio.

La táctica empleada por la organización consistía en interponer empresas entre los productores italianos y los vertederos españoles. Estas empresas, mediante la simulación de un tratamiento de residuos que nunca era realizado, lograban dar la apariencia de estar operando dentro de la legalidad vigente, evadiendo así el escrutinio de las autoridades competentes, incluido la Agencia de Residuos de Cataluña.

El resultado de esta operación ha sido devastador para el medio ambiente. Se ha constatado que diariamente se han estado depositando en vertederos de Tarragona y Cuenca toneladas de desechos urbanos de origen italiano, incluidos residuos que son catalogados como peligrosos y tóxicos, lo que supone un riesgo significativo para el ecosistema y la salud de las poblaciones cercanas.

La operación policial ha implicado la realización de cinco registros en varias localidades, como Lleida, Constantí, Riba Roja d'Ebre y Almonacid del Marquesado. Durante estas acciones se ha incautado material informático y se han tomado muestras de residuos, elementos que serán cruciales para esclarecer los delitos mencionados.

Asimismo, se ha ordenado judicialmente el bloqueo de los bienes y cuentas bancarias de los implicados, con el objetivo de asegurar su patrimonio obtenido a través de actividades ilegales, considerando una futura restitución por los daños causados.

Cabe destacar que, en mayo de 2021, el Consejo de la Unión Europea adoptó un conjunto de prioridades en la lucha contra la delincuencia grave, con especial énfasis en los delitos medioambientales y el tráfico de residuos. Una de las metas establecidas es desmantelar las redes ilegales que participan en este tipo de delitos, que se han convertido en una de las actividades delictivas con mayor crecimiento en el mundo, con tasas entre el 5% y el 7% anuales.

Finalmente, esta operación ha sido liderada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Tarragona y ha contado con el valioso apoyo de unidades especializadas de la Guardia Civil, así como de Europol. Para más detalles, se invita a contactar con la oficina de prensa del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.