ALBACETE, 25 de junio. Un hombre de 57 años, originario de Alicante, ha sido arrestado por la Guardia Civil en Albacete tras protagonizar un peligroso episodio al volante. Las autoridades lo acusan de dos delitos graves relacionados con la seguridad vial: uno por conducción temeraria que ponía en riesgo la vida de otros y otro por manejar bajo los efectos del alcohol.

La situación se desató tras múltiples llamadas al Servicio de Emergencias, conocido como 112, donde ciudadanos informaron sobre un vehículo que circulaba en dirección contraria en la autovía A-31, a la altura de Almansa. Este automóvil estaba desplazándose hacia Albacete en carriles destinados exclusivamente para el trayecto contrario, hacia Alicante.

Con rapidez, las patrullas de la Guardia Civil fueron enviadas a la zona para localizar al infractor y asegurar la integridad de los demás conductores en la vía. La coordinación de las fuerzas de seguridad permitió que una de las patrullas identificara al vehículo que desobedecía las señales de alto, iniciando un seguimiento que culminó con la detención del conductor tras varios kilómetros.

Una vez detenido, los agentes sospecharon que el hombre había estado consumiendo alcohol. Esta sospecha fue confirmada con pruebas de alcoholemia, resultando en un nivel de 0,59 mg de alcohol por litro de aire espirado, más del doble de lo permitido para conducir, que es de 0,25 mg/l.

Como resultado de esta operación, se elaboraron las diligencias correspondientes, las cuales fueron enviadas al Juzgado de Instrucción de Almansa, que se encuentra en funciones de guardia. Al detenido se le imputaron los cargos de conducción temeraria y de manejar bajo la influencia del alcohol, ambos considerados delitos contra la seguridad vial.

El marco legal establece que, por el delito de conducción temeraria, las penas pueden oscilar entre seis meses y dos años de prisión, así como la suspensión del derecho a conducir durante un período que va de uno a seis años. En cuanto al delito de conducir bajo los efectos del alcohol, las sanciones varían desde tres a seis meses de prisión, multas de seis a doce meses, o trabajos comunitarios de entre 31 y 90 días, además de la privación del derecho a manejar por un periodo que puede ir de uno a cuatro años.